La situación macroeconómica de Argentina, que repercute en el día a día de los ciudadanos, tiene causas muy profundas que van mas allá de medidas coyunturales en el orden económico y político, y que no están en la agenda de discusión diaria de los argentinos. Sin embargo, hay personas que visualizan estos temas, profundos, y los expresan con claridad. Desde FM Vos (94.5) y Diario San Rafael entrevistamos al empresario sanrafaelino Miguel Labiano, quien nos brindó puntos de vista según su análisis personal.
“De los problemas que tiene la Argentina se habla diariamente. Es muy difícil explicar el presente sin revisar un poco la historia, porque para que haya desarrollo económico deben cumplimentarse algunas pautas básicas; la seguridad jurídica es una de ellas y también la previsibilidad. En nuestro país lamentablemente hemos alterado toda regla de comportamiento jurídico y ético. Frente a eso, el desarrollo es muy difícil. Para que haya inversión, desarrollo, deseo de progreso, lo primero que hay que despejar es la imprevisibilidad. Normalmente cuando hablo de estas cosas, introduzco un tema que me parece que puede ser muy interesante, y es el manejo de la inversión pública.
Cada inversión, previo a que sea aprobada por la Legislatura o por los congresos, debe tener una evaluación de los beneficios sociales que genera.
Primero hay que partir del hecho de que los fondos son limitados, o sea, como sociedad tenemos que aceptarlo, en esta circunstancia que es muy penosa y también en el futuro, y siempre. Por lo tanto, la pregunta de rigor es: ¿cómo puedo asignar de la mejor forma posible estos recursos? Chile implementó en el año 85, aunque en realidad ya se implementaba en los gobiernos democráticos anteriores, un sistema de evaluación social de los beneficios de inversión pública. Es una cuestión que está armada, aislada de la decisiones políticas y coyunturales.
Para ser más claro, lo ejemplifico: cada inversión, previo a que sea aprobada por la Legislatura o por los congresos, debe tener una evaluación de los beneficios sociales que genera. Si por ejemplo debo decidir si voy, o no, a instalar un semáforo, previamente tengo que evaluar cuántos accidentes hubo en esa esquina, y qué efectos produjeron. Y con esos datos determinar si ahorraré horas de servicios hospitalarios, cuántas horas de trabajo se han perdido y cuántas roturas de automóviles.
Luego, frente a este ahorro, comparo el gasto que tendré al instalar ese semáforo y ver los beneficios sociales que genera esta inversión. Por ejemplo, en Mendoza, si finalmente no se puede concretar Portezuelo del Viento, habría que evaluar muy profundamente qué hacer con esos 1.023 millones de dólares, y que ese sea el proceso para evaluar e invertir en cada uno de los proyectos alternativos que se generen para gastar ese dinero. Este es el proceso sobre el que insisto habría que trabajar, y que tiene en Chile ya 40 años de funcionamiento. Como dato de color puedo agregar que Odebrecht, la empresa que conocimos por muchos casos de corrupción, tuvo un solo país latinoamericano en el que no se le comprobaron cosas raras ni corrupción, ese país fue Chile”.
