100 mil personas tienen dudas sobre su identidad biológica en Mendoza

La diputada María José Sanz es la autora de un proyecto que busca que el Banco de Datos Genéticos sea accesible no solo para víctimas de la dictadura, sino para todos aquellos que tienen duda de su identidad biológica.
Aunque originalmente la ley no tenía restricciones para acceder al banco genético, desde 2009 se impusieron algunas y solo pueden acceder a la información los nacidos entre 1976 y 1983.
“Cuando se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos en 1987, a instancias de Raúl Alfonsín, fue pensando en ayudar a los familiares de las víctimas de terrorismo de Estado, pero no solamente para esas personas, sino para todos los que tuvieran duda de su identidad biológica. Es para que pueda abarcar a la universalidad de la población, funcionó así hasta 2009, cuando una ley restringió solo a las personas con dudas sobre su identidad nacidas entre el ‘76 y el ‘83. Pedimos que se vuelva a la ley original, hay muchas personas que nacieron antes del 76 y después del 83 y que descubren de grandes que no son hijos de sus padres de crianza”.
Sanz dijo en FM Vos (91.5) que “hay dos proyectos y pedimos a los legisladores nacionales que el banco vuelva a ser universal. Fue fundamental para recuperar 129 nietos pero queremos que también lo sea para personas que hoy buscan saber realmente quiénes son”.
Detalló que “en Mendoza hay 100 mil personas que tienen dudas de su identidad de origen y 3 millones en el país, es muy importante el número. Chicos que nacieron en un puesto y los crió otra familia, chicos robados de maternidades, hay denuncias inclusive en Mendoza”.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó, bajo la Resolución N° 19 (8-5-2019), una solicitud al Congreso de la Nación en la que expresa que “vería con agrado” que se derogue la Ley N° 26.548, que restringe el objeto con el cual fue creado el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el cual tenía como fin “obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.
La herramienta legislativa, que fue presentada por la radical María José Sanz y aprobada por la Cámara Baja mendocina, pretende tener eco en la Nación a partir de la necesidad de obtener información específica de filiación para los casos en los que haya dudas y no solo restringirlo a las fechas coincidentes con la última dictadura cívico-militar acontecida en nuestro país.