El abuso sexual contra menores de edad es una de las peores violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, transversal a todos los estratos socioeconómicos, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Estos hechos dañan la supervivencia, la dignidad, la integridad, la salud y el desarrollo del niño/a, y conlleva efectos de corto y largo plazo, los cuales son muy difíciles de superar y pueden dejar huellas de por vida.
Concebido como toda conducta en la que un adulto utiliza para su satisfacción sexual y goce personal a un niño, niña o adolescente, se dé o no contacto físico, la víctima siempre se encuentra en una situación de sometimiento: sea por temor, admiración, afecto o convivencia. En nuestro país, tres de cada cuatro casos denunciados son cometidos por familiares directos o bien por personas de confianza del grupo familiar, por lo que suelen reiterarse en el tiempo, durante meses e incluso años, antes de ser descubiertos. Asimismo, la mitad de las víctimas tiene entre 6 y 12 años, y los abusos sucedieron en sus casas.
Más allá de estas escalofriantes cifras, es importante saber que la mayoría de las situaciones contra los menores se pueden prevenir o intervenir para evitar que se vuelvan crónicas. El apoyo y acompañamiento para su reparación es fundamental, así como actuar a tiempo y realizar la denuncia como parte vital del proceso de protección. Este es un delito cuya sanción está prevista en el Código Penal y en diferentes instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. El 90% de las denuncias que permitieron resolver la situación fueron hechas por un familiar o conocido de la víctima, por esto es imprescindible involucrarse, poner al niño en el centro, mirar qué sucede al interior de las familias y, por sobre todas las cosas, dar lugar y credibilidad a la voz de las víctimas.
Es prioritario detener este flagelo que amenaza a nuestras generaciones futuras. En esa tarea, los únicos responsables seguimos siendo los adultos.
