En uno de los escenarios más llamativos y preocupantes desde su regreso, la “moderna democracia argentina” cumplió ayer 41 años, constituyéndose así en el periodo institucional ininterrumpido más extenso desde la sanción de la Ley Sáenz Peña que implementó el voto universal, secreto y obligatorio. Este año, la conmemoración coincidió con el cambio de mando a nivel nacional marcando, además, el hito de que un gobierno no peronista concluyera su mandato en tiempo y forma como no ocurría desde 1928.
Este periodo, iniciado con la presidencia del doctor Raúl Alfonsín en 1983, nos han mostrado gobiernos de diferentes colores políticos y con un pernicioso vaivén respecto a las mentadas “políticas de Estado” que deberían estar por encima de las discusiones sectoriales de quienes juegan, alterna y muchas veces fanáticamente, el papel de oficialismo y oposición.
Hemos tenido, en este periodo, Estados elefantiásicos y omnipresentes donde el “negocio” era vivir de las arcas públicas, y otras administraciones que pretendieron un rol estatal mucho menos intervencionista con el riesgo –muchas veces concretado- de dejar librado a la suerte del mercado el bienestar de los ciudadanos. En tanto, el experimento mileísta, más cercano a esta última categoría, es –en realidad y por ahora- inefable.
Hemos atravesado momentos donde la corrupción era naturalizada y permitida, y otros donde las sobreactuaciones “pour la galerie” de la justicia en la declamada búsqueda de sus responsables se tornó moneda corriente.
Pero quizás lo peor de todo este “ida y vuelta” histórico es que –en el país del “todo es posible”- nada nos garantiza que dentro de unos años no sigamos hablando de lo mismo, aunque con protagonistas diferentes.Mientras los argentinos, dirigentes y ciudadanos, sigamos denostando la idea del “bien común” constituido con aportes de todos los miembros de la comunidad para solamente observar, valorar y respetar las propias visiones, el progreso será muy difícil de lograr. Las divisiones bipolares que gobiernan una parte importante de la vida pública argentina es quizás el mayor déficit que evidencia la democracia argentina actual y es allí donde se deberá poner el acento a la hora de planificar un país mejor y una república más sana.
