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«Vivir del Estado»: dura crítica de empresarios mendocinos a los planes sociales

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«Vivir del Estado» es el título de un documento difundido este domingo por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), que realiza una furiosa crítica al abuso de los planes sociales.

Mientras las organizaciones sociales y piqueteras advierten sobre el aumento en los niveles pobreza e indigencia y el descontento social por la escalada inflacionaria, y exigen más cupos en los planes sociales y un aumento en sus montos, cada vez son más fuertes las críticas contra la masa de recursos asignados a ese tipo de programas, sin una reconversión visible en empleos genuinos.

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, propuso endurecer el control de natalidad “en los hogares pobres”, para que Argentina no se convierta “en una gigantesca villa miseria” y así evitar “subsidiar la pobreza” con los planes sociales.

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, señaló Espert.

Se ha fomentado un Estado paralelo sin control, que generó una lucha de poder por el manejo de recursos públicos entre organizaciones sociales, funcionarios y el gobierno nacional, llenando las calles del país de violencia semana a semana y convirtiendo al Frente de Todos en una fuerza política ingobernable, en un país al borde del abismo”, denunció, por su parte, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, a través de un informe elaborado con el comité nacional y los bloques legislativos.

En la misma sintonía, desde la UCIM plantean que «los pocos grupos que antes accedían a esta ayuda para sobrevivir hoy pasaron a ser asociaciones que tienen nombre y apellido y su principal trabajo es ir a movilizaciones. Cortar calles, cortar puentes, rutas, caminos, accesos y salidas de las ciudades parece ser la tarea que los ocupa».

La organización empresaria local agregó en su comunicado: «Estas asociaciones, perfectamente organizadas, cuentan con fiscales que controlan quién va y quién no va y les pagan en función al tiempo que emplean para ir y permanecer en las movilizaciones y la gente que convocan. Los alimentan y no tienen más (y nada menos) que poner el cuerpo para interrumpir calles, para interrumpir el libre derecho de trasladarse del resto de los ciudadanos del país«.

Fuente: El Sol

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