A medida que avanza el debate de la “Ley de Bases” en el Senado de la Nación se intensifican las discusiones sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El mecanismo que busca atraer proyectos productivos al país generó profundas divisiones entre quienes adhieren al sistema y quienes lo rechazan.
En una primera instancia se percibe que están a favor las grandes empresas y especialmente las multinacionales que encuentran en el RIGI ventajas impositivas importantes, mientras que aquellos sectores productivos dedicados al mercado interno se pronuncian en contra por considerar que generará una competencia desleal. Afirman que, si se avanza con este tipo de modelos muchas actividades primarias regionales quedarán al borde de la desaparición.
«Nosotros no estamos en contra de que se haga un régimen que incentive las inversiones en el país. No obstante, hay que tener en cuenta que en lo que refiere a la seguridad jurídica y las inversiones los productores agropecuarios en la siembra gruesa enterramos 17 mil millones de dólares. Hoy esas reservas junto a las que aportan las economías regionales mantienen el ingreso de divisas, que tanto se necesitan para el desarrollo de la economía en general», clamó al principio de la nota Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.
«Por eso, solicitamos que haya un RIGI para todos los sectores productivos que invierten y trabajan todos los días en el país. Entiendo que se deben hacer propuestas para atraer a los inversores extranjeros, pero me parece que debe haber una igualdad de competencia e incentivo entre todos los actores. Queremos tener un tratamiento igualitario» fundamentó.
Después, se refirió a la situación de las economías regionales, en particular a la de Mendoza. «Tener un viñedo es un capital que requiere inversión y por el cual no se tiene ningún beneficio, ni siquiera tributario. Tampoco tenemos los insumos necesarios para importar. Las divisas para la siembra no las dan de a poco o nada. La inequidad que tiene este proyecto de incentivo a las inversiones es notable», manifestó Laucirica.
Por último, aseguró que elevaron el reclamo a las autoridades pertinentes pero que hasta el momento no tuvieron respuesta. «Esta inquietud se la hemos transmitido al gobierno nacional en diferentes oportunidades. Lamentablemente, no tenemos un contacto directo con el presidente de la Nación ni con el ministro de Economía. Los senadores, salvo excepciones, tampoco nos escuchan. Solamente tuvimos buena recepción dentro del seno de la sociedad, lo que planteamos es una justicia tributaria. La seguridad jurídica la necesitamos todos. Me parece que es no es justo brindarle todo a aquellos que vienen de afuera y olvidarse de lo que trabajamos todos los días», cerró.
