Esto se da después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunciara el martes la imposición de sanciones sobre la empresa privada Tabacalera del Este SA (Tabesa), vinculada al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), designado como «significativamente corrupto» por la Casa Blanca.
Según el documento, la petición de Asunción es para evitar que «la pérdida de confianza hacia una persona (el embajador) dañe la relación que mantenemos históricamente».
El mismo agrega que el Gobierno de Paraguay no hace juicio de valor sobre el uso de herramientas administrativas que se enmarcan en la legislación estadounidense.
Sin embargo, tiene una posición respecto de la forma en que fueron comunicadas estas medidas administrativas por parte del actual embajador de los Estados Unidos en el país sudamericano.
«Desde el inicio de este Gobierno, hemos transitado un período en el cual se construyó confianza, por lo que recibimos con desagrado la mediatización y politización de las sanciones administrativas», reza el texto.
El martes, Ostfield anunció públicamente que el Tesoro de los Estados Unidos sancionaba a Tabesa por brindar apoyo financiero a Cartes en el marco del programa Global Magnitsky.
«Estados Unidos está comprometido a garantizar el cumplimiento de las sanciones y lograr una reforma significativa contra la corrupción en Paraguay», se indicó en un comunicado que publicó en la red social X la Embajada estadounidense en el país sudamericano.
Muchos políticos paraguayos consideran el anuncio como una «intromisión e injerencia en los asuntos internos del país» por parte del embajador estadounidense y hasta una «violación a la soberanía democrática».
La situación tomó una relevancia política tal, que el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, convocó de urgencia al embajador Ostfield para una reunión, que resultó finalmente en el comunicado emitido por el Gobierno de Paraguay.
NA
