El sector productivo del Valle de Uco enfrenta un escenario complejo, marcado por la necesidad de adaptarse a nuevas políticas y gestionar recursos limitados en medio de desafíos climáticos y plagas que amenazan la producción. Carlos Dávila, productor y vicepresidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Tunuyán, compartió sus inquietudes con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 tras una reciente reunión con el Ministerio de Producción.
Dávila destacó la reorganización del sistema de mitigación del granizo, un tema crucial para los productores. “Se abordaron temas fundamentales como la modificación del seguro antigranizo, que ha sufrido cambios significativos en su formato”, señaló. Sin embargo, expresó su preocupación por el límite de 30 hectáreas establecido para acceder a este seguro: “Entendemos que el objetivo es priorizar a los pequeños productores, pero la limitación de 30 hectáreas es un obstáculo que no debería existir”. Según Dávila, ampliar el espectro a más de 30 hectáreas podría haber beneficiado a un mayor número de productores, pero “los recursos son escasos, y el Gobierno ha decidido mantener esta restricción para evitar una demanda que no podría financiarse adecuadamente”.
Otro tema candente es la efectividad del seguro agrícola para cubrir los costos de producción. “El Gobierno prometió que este seguro cubriría los costos, pero la realidad está muy lejos de esa promesa”, afirmó Dávila. “Actualmente, la indemnización máxima es de 1.500.000 pesos por un 100% de daño, lo cual representa solo el 50% del costo en el caso de la vid, y es aún menor para los frutales”. Aunque reconoce que hay una mejora respecto a los 300.000 pesos que se ofrecían antes, Dávila subraya que “esto está muy lejos de ser una solución de fondo”.
La plaga de la polilla de la vid, conocida como lobesia botrana, es otra gran preocupación. “El Gobierno Nacional ha dejado de financiar las campañas contra esta plaga, y ahora el peso recae sobre la provincia”, advirtió Dávila. “El Valle de Uco es especialmente vulnerable, y hay un riesgo real de retroceder en los avances logrados”. El Gobierno Provincial ha prometido aportar el 50% de los recursos necesarios, pero Dávila teme que esto no sea suficiente. “Estamos ante un riesgo muy grande de cara al futuro si no se asignan correctamente los recursos”, enfatizó.
La lucha contra la plaga no solo depende del financiamiento, sino también de la eficiencia en la gestión de los recursos. “El ISCAMEN, que es el organismo encargado de llevar adelante este programa, ha dado garantías de que las zonas con mayor riesgo serán priorizadas con el uso de feromonas”, explicó Dávila. No obstante, el desafío persiste en aquellas fincas que han sido abandonadas. “La situación en el Valle de Uco es especialmente preocupante porque no se cuenta con el apoyo aéreo que sí tienen otras zonas de Mendoza”, agregó.
