La eliminación progresiva de subsidios en las tarifas de los servicios y los posibles recientes errores en el cálculo del Impuesto Inmobiliario han generado incertidumbre entre los usuarios mendocinos. La titular de la ONG Protectora, Romina Ríos, advirtió sobre las consecuencias de estas medidas y el impacto que ya se siente en las facturas.
“No va a ser distinto a lo que veníamos viendo desde el año pasado”, manifestó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Ríos respecto a la continuación de la quita de subsidios. La reducción de bonificaciones en las tarifas de electricidad y gas afecta especialmente a los usuarios categorizados como de ingresos bajos o medios (N2 y N3), quienes hasta el último año de la gestión de Alberto Fernández contaban con una cobertura del 100% en la bonificación. “Esa bonificación hoy está entre el 50% y el 60%”, detalló.
En cuanto a los aumentos, Ríos explicó que la estrategia ha cambiado y, en lugar de aplicarse incrementos abruptos en el año, se han implementado ajustes mensuales del 1,5% en gas y electricidad. “Esto hace que los usuarios pierdan noción de cuántas veces les aumentará en el año”, señaló. Sin embargo, advirtió que, a pesar de que los aumentos tarifarios estén por debajo de la inflación, el impacto real se siente debido al alto consumo de energía en los meses de verano. “Cuando el consumo de kilowatts se incrementa, los usuarios cambian de categoría y pasan a pagar tarifas más altas”, explicó.
Por otro lado, un nuevo problema ha surgido con el Impuesto Inmobiliario. El Ministerio de Hacienda de Mendoza reconoció errores en la determinación de los metros cuadrados construidos tras la utilización de drones para el relevamiento de inmuebles. “Esto podría derivar en aumentos desproporcionados”, alertó Ríos. El incremento promedio del impuesto ya es del 180% respecto a 2024, y la posible incorporación de metros erróneos podría elevarlo aún más.
Los afectados pueden reclamar en la página de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), pero el procedimiento es complejo. “El problema es que el Estado cometió el error, pero obliga al ciudadano a hacer un extenso trámite para corregirlo”, criticó. Explicó que el proceso implica ingresar a la web, seleccionar múltiples opciones y adjuntar documentación. “Muchos no tienen los planos de su casa disponibles, lo que complica el reclamo”, agregó.
Ríos también se refirió a la falta de atención en oficinas públicas. “Hemos recibido denuncias de personas mayores que fueron a ATM y no quisieron atenderlas, exigiéndoles que hagan el trámite online”, denunció. Sin embargo, aclaró que “tienen derecho a exigir que el personal de ATM los asista”.
La utilización de drones también generó dudas sobre su precisión, ya que algunos usuarios denunciaron que estructuras como toldos o piletas desmontables fueron computadas como metros cubiertos. “Si el objetivo era regularizar construcciones clandestinas, se debería haber notificado a los vecinos antes de aplicar multas”, sostuvo Ríos. “En cambio, se procedió de manera abrupta, sin información previa”.
Mientras las facturas de servicios y los impuestos inmobiliarios aumentan, los mendocinos se enfrentan a una burocracia engorrosa para evitar cobros indebidos. “Es una situación injusta que podría haberse evitado con una mejor planificación y gestión”, concluyó Ríos.
