Tras una sentencia favorable en primera instancia en febrero de 2024, la causa judicial que involucra a 30.000 ahorristas de planes de ahorro automotor y a ocho automotrices por el aumento de las cuotas, podría tener un nuevo capítulo. La abogada de los ahorristas, Mariela González, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza, buscando acelerar la resolución del caso y evitar una mayor dilatación que perjudica a los consumidores.
El conflicto se remonta al 2020, cuando los ahorristas presentaron una demanda colectiva contra las automotrices por el incremento de las cuotas de los planes de ahorro, calculado en base al valor móvil de los vehículos, que se disparó debido a la inflación.
«La acción de inconstitucionalidad busca que se declare la caducidad de la instancia de apelación presentada por las automotrices, debido al tiempo transcurrido sin que hayan impulsado el proceso. Lo que pasa es que esta situación genera inseguridad jurídica para los consumidores, quienes ven cómo sus derechos se mantienen en suspenso mientras se dilata la resolución del caso», explicó la abogada Mariela González. «Lo que planteo es que ya se declare caduca la instancia, está abierta desde hace 55 meses. Lo que pedimos es que se cierre este proceso y se deje firme la colectivización ordenada por Fabiana Martinelli en el año 2020», agregó.
En ese mismo sentido, arremetió contra la falta de celeridad de la Justicia. «No era el objetivo del Código Procesal de Mendoza que se alarguen así los procesos generando tanta incertidumbre. La gente no sabe cuándo se resuelven sus derechos. Este es el planteo que he hecho y espero que lo resuelva favorablemente la Cámara y si no, recurriré a la Corte de Mendoza», aseguró Ramos.
Después, estimó el plazo que tiene la Cámara para resolver el planteo de inconstitucionalidad. «En realidad, ha resuelto que va a resolverlo después del 20 de febrero cuando se levante la suspensión de la ejecución, y si bien no falta tanto para esto, estoy preparando un recurso de reposición a eso porque no tiene ninguna vinculación una cosa con la otra. Básicamente yo calculo que durante este mes o como mucho a mediados de marzo, esto tiene que estar resuelto», comunicó la letrada.
«Las consecuencias patrimoniales para los consumidores en torno a que, por ejemplo, se dé de baja una medida cautelar habiendo ya un fallo que deben cumplir, serían graves porque se trataría de una herramienta para las automotrices para empezar a querer cobrar. Miles de personas empezarían a presentar demandas para no perder los autos, sería gravísimo. La idea es que se acomode todo para llegar a una solución definitiva de este conflicto, el cual ya lleva más de cinco años sin resolverse», declaró a modo de cierre.
