La provincia de Mendoza se encuentra en un momento clave para la regulación del cannabis medicinal. Un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo busca mejorar la situación actual, marcada por demoras y desarticulación a nivel nacional.
En este contexto, dialogamos con la sanrafaelina María Sol Goñi, de la Asociación Pueblo Verde, quien compartió las propuestas y desafíos que enfrenta el sector. «La verdad es que los legisladores nos atendieron muy bien, fueron muy respetuosos y nos escucharon con suma atención. Así que estuvimos trabajando sobre algunas de las temáticas. Este proyecto de ley provincial surge ante las demoras del registro REPROCANN a nivel nacional, que han generado un vacío legal y dificultades para los usuarios de cannabis medicinal. La iniciativa busca garantizar el acceso a estos tratamientos y, al mismo tiempo, establecer una fiscalización estatal del proceso de producción y comercialización», dijo a FM Vos 94.5 María Sol Goñi.
«Esta ley viene un poco a regular lo que ha quedado pendiente a nivel nacional. Justamente, los legisladores nos comentaron que lo que pretenden es que se genere un registro provincial a gran escala, que incluya la regulación de la producción industrial. Otro registro con menos requisitos podría ser aplicados para el autocultivo asociativo. Esto último es lo que veníamos pidiendo las ONGs. Lo cierto es que el proyecto de ley tiene muy buenas perspectivas para ser desarrollado. Estamos expectantes, esta semana tendrán lugar las exposiciones en la Comisión de Salud. Luego, pasaría a diputados para ver si se puede completar la sanción del proyecto», detalló.
Después, se refirió a la cantidad de asociaciones que hay en la provincia vinculadas a la actividad del cannabis medicinal. «En toda la provincia hay 14 organizaciones, 4 de ellas pertenecen a San Rafael. Todas las asociaciones participaron activamente en el debate legislativo, presentando propuestas para mejorar el proyecto de ley», aseguró.
Más adelante, comentó las propuestas que ellos consideran centrales para regular la actividad. «Se subrayó la necesidad de formar profesionales de la salud en Mendoza, evitando la dependencia de otras provincias. Actualmente, acá no hay capacitaciones específicas para los profesionales de la salud que quieran profesionalizarse en el uso del cannabis medicinal, si se quieren capacitar deben hacerlo en otras jurisdicciones de la Argentina. A su vez, se solicitó la eliminación de tasas para ONGs y personas humanas, y la implementación de un sistema de registro simplificado para usuarios y organizaciones», destacó la integrante de la asociación sanrafaelina.
Asimismo, se refirió al tema de la fiscalización y el control de calidad. «En el presente, muchas asociaciones trabajan en conjunto con universidades públicas, como la Universidad de San Luis, para realizar testeos y garantizar la calidad de los productos. La fiscalización se lleva a cabo de la misma manera que cualquier otra asociación civil. En nuestro caso, trabajamos con el apoyo de oficinas de entidades intermedias del municipio que nos ayudan con todo lo que es el trabajo administrativo de balances y demás cuestiones», señaló.
«Lo que nosotros queremos es que este proceso de fiscalización sea un poco más prolijo. Hay personas que necesitan iniciar un tratamiento con cannabis medicinal y deben esperar un año y medio para que le emitan el certificado. Es una locura», expresó Goñi.
También habló acerca de los volúmenes de producción y el marco legal que hoy los regula. «La producción de cannabis medicinal se rige por la ley nacional 27350, que establece un límite de 150 usuarios por ONG y 9 plantas por persona. Igualmente, nunca se llega a esa cantidad. Las ONGs tienen muchísimo trabajo con otro tipo de socios, no todas las personas que se asocian a una organización necesitan algún derivado de la planta. Hay personas que les interesan los talleres, las capacitaciones. En ese sentido, las asociaciones civiles tienen un trabajo bastante grande en lo que refiere al aporte de la construcción del conocimiento científico. En nuestro caso, estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria. Realizamos jornadas de capacitación, son muchos los servicios que las ONGs brindan y que no siempre tienen que ver con los derivados medicinales», aclaró.
«El cultivo de cannabis se realiza una vez al año, se pone el énfasis en un cultivo exterior en la temporada de septiembre a abril. El resto del año se trabaja con lo que ya se ha cosechado. Hacer un concentrado de cannabis requiere de muchísima materia vegetal. Por eso, realmente ninguna de las asociaciones San Rafael cuentan con esa cantidad de asociados, más allá de que la ley lo permita, porque es un montón de trabajo el que hay que realizar para sostener justamente la actividad. Nunca se llega a la cantidad de plantas que propone la misma norma. Las asociaciones normalmente cuentan con el apoyo de profesionales de la medicina para indicar tratamientos y dosificar los productos. La producción de aceites y otros derivados se realiza en las asociaciones, mientras que el control de calidad se lleva a cabo en laboratorios externos, tanto públicos como privados», agregó.
Por último, aseguró que el proyecto continuará su rumbo dentro del marco legislativo. «Se espera que el debate en la Cámara de Diputados se extienda por un mes más, antes de que el proyecto de ley pase al Poder Ejecutivo para su aprobación final», cerró.
