Desde hace algunos días, la polémica surgida por la seguridad (o la falta de ella) en Mendoza ha ido escalando en su intensidad. El punto de partida de la controversia estuvo dado por la intención manifestada por el Gobierno provincial de que los municipios “se comprometan” con la materia. Desde algunas comunas, San Rafael en particular, observaron esa expresión como la delegación de una facultad inherente a la Provincia, algo que consideraron ilegal y perjudicial.
El ida y vuelta entre los principales protagonistas de la disputa también ha ido subiendo de tono. De hecho, ayer el intendente Omar Félix convocó a una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, aseguró que lo que pide el gobernador Cornejo evidencia la falta de efectividad de sus políticas. En ese sentido, estimó que “Mendoza está rosarizada” y se mostró “sorprendido ante la retirada del Gobierno provincial de tareas que le son propias”.
Más allá de las posturas, la Carta Magna mendocina es clara en algunos aspectos. En su artículo 12 afirma que ningún poder del Estado “podrá arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las que le correspondan”. En tanto, en el artículo 128 se lee que entre las atribuciones del Gobernador están las de tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público; ser el jefe de las milicias de la Provincia y, sobre todo, tener “bajo su vigilancia la seguridad del territorio y de sus habitantes”.
A su vez, la Ley de Ministerios (N° 9501) establece en su artículo 12: “Será competencia en general del Ministerio de Seguridad y Justicia, la planificación, coordinación, organización, ejecución y control de la política de seguridad pública de la Provincia, en orden a la protección de la vida, la libertad, los derechos y los bienes de los habitantes de la Provincia, y la vinculación y las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. En particular, con carácter enunciativo, le corresponde: 8) Organizar y conducir el sistema de Policía de la Provincia y el sistema de Defensa Civil”.
¿Se cumplirá lo que ordena la ley o se seguirán buscando resquicios?
