La polémica de la semana en nuestro San Rafael del Diamante ha sido la controversia entre el gobierno provincial y el municipio por el tema seguridad o, mejor dicho, por la falta de ella.
Ya quedó dicho en este mismo espacio que, constitucionalmente y más allá de posturas sectoriales, la obligación de brindarle seguridad a los mendocinos (y, por tanto y mal que le pese a algunos norteños, a los sanrafaelinos) es del Ministerio de Seguridad que depende directamente del Ejecutivo provincial.
El cruce de palabras y acusaciones se planteó, ahora, en el tema narcotráfico y venta de estupefacientes en nuestro departamento, por lo que la justicia federal también se vio convocada al conflicto. Sin embargo, no se debe soslayar la creciente cifra de delitos que debería investigar la “justicia ordinaria”, que también depende de la Provincia.
Cada jornada, las páginas de Diario San Rafael son muestra de una serie de hechos de inseguridad ciudadana. Sin ir más lejos, los últimos días han mostrado algunas situaciones que creíamos extrañas a nuestra realidad: desde los incidentes en la cancha de Pedal -con un hincha entrando al campo de juego con un cuchillo y que no terminó hiriendo o matando a alguien por milagro- hasta el robo de una bicicleta a un pibe de 14 años a punta de cuchillo en plena tarde o el robo de un auto en Salto de las Rosas.
Cabe una aclaración aquí: esos son algunos de los hechos que, como medio de comunicación, nos enteramos. Pero bien sabemos que hay muchos más que no son denunciados o que las autoridades del Ministerio no hacen públicos.
El fenómeno de la inseguridad es harto preocupante. A tal punto que, según algunos sondeos de opinión, le pelea el podio a la inflación entre las preocupaciones sociales. La mayoría de los sanrafaelinos nos hemos dado cuenta que la situación ha ido empeorando y exigimos que los responsables -la ley determina indubitablemente quiénes son- realicen su trabajo para que el futuro sea mejor.
