Desde hace algún tiempo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha estado bajo la lupa por la metodología de sus mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La discusión central gira en torno a la desactualización de la canasta de bienes y servicios utilizada, lo que podría estar generando una imagen distorsionada de la inflación real y, por ende, del poder de compra de los salarios. En diálogo con FM Vos 945, el economista Fabián Amico profundizó en los detalles de esta problemática.
«El IPC, por definición, es una colección de bienes y servicios que busca representar el gasto promedio de los hogares. El problema fundamental del INDEC radica en que su canasta está basada en una encuesta de gastos de los hogares realizada en 2004-2005. En ese entonces, el peso de los precios de los servicios, tanto públicos como privados (tarifas, comunicación, salud, educación), era significativamente menor en el gasto de las familias», explicó Amico al principio del reportaje.
«La inflación oficial de 2024, que fue del 117,8%, podría haber sido del 125% o incluso más alta si se hubieran considerado las ponderaciones actuales. Esta subestimación es crucial, ya que impacta directamente en el cálculo del poder de compra de los salarios, teniendo en cuenta que, a pesar de las cifras oficiales, para la gente la percepción de pérdida coincide más con la realidad. El año pasado los precios de los servicios públicos y privados tuvieron un alza que duplicó la inflación de los demás bienes», observó.
El factor político y el dilema de la oportunidad
La discusión sobre la actualización de la canasta del INDEC no ha estado exenta de un componente político. Amico señaló que la propia dirección del INDEC reconoció esta desactualización y de hecho, tenía un calendario para anunciar el nuevo índice. Sin embargo, su publicación se congeló. «Si se aplicaban esas actualizaciones, la inflación del año pasado iba a dar más alta», advirtió.
«A este tema lo podemos llegar a definir como sentido de la oportunidad y no tanto de la manipulación. Es decir, los cambios en la metodología del INDEC, aunque necesarios, pueden beneficiar o perjudicar la imagen del gobierno en momentos específicos. Este año hay elecciones, y uno podría preguntarse, ¿actualizar el índice hoy le conviene al gobierno? Electoralmente no le conviene. Esto se debe a que, si bien el año pasado las tarifas impulsaron la inflación, este año el gobierno podría mantener un ajuste más moderado, y si hay movimientos en el tipo de cambio, la inflación de bienes, como los alimentos, podría ser más relevante», argumentó el especialista.
En ese sentido, el economista Amico enfatizó que estas modificaciones deberían haberse realizado mucho antes, incluso desde el inicio del ajuste de tarifas en 2016, ya que el consumo de los hogares ha cambiado drásticamente. «El hecho es que, claramente, hasta 2015, inclusive, las familias gastaban muy poco en servicios públicos y privados. Recién a partir del 2016, con el ajuste de tarifas del gobierno de Macri eso empezó a cambiar», sostuvo.
Otros indicadores con desafíos de medición
Más allá del IPC, Fabián Amico también mencionó otros indicadores indirectos que presentan problemas en su medición y no reflejan completamente la realidad económica. Uno de ellos es el cálculo de los salarios del sector no registrado que presenta, según él, dos fallas significativas. «Por un lado, la información de inflación utilizada para estos salarios corresponde a la de cinco meses atrás, lo que la vuelve poco relevante en un contexto de alta volatilidad. Por otro lado, a pesar de que el INDEC reconoce una informalidad laboral cercana al 40%, los salarios del sector informal son ponderados como si representaran menos del 20%. Esto genera una inconsistencia, y es que el salario promedio que informa el INDEC tiene este criterio de ponderación donde falta actualización», concluyó el economista, reiterando que no se trata de una manipulación de los datos, sino de la necesidad urgente de modernizar los criterios y metodologías para obtener una imagen más precisa de la realidad económica del país.
