La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, impulsada por un decreto del gobierno nacional en el marco de la Ley Bases, quedó temporalmente suspendida por decisión de la jueza Martina Forns, del fuero civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por una organización vinculada al sector vial. La suspensión se extenderá por el plazo de seis meses, lo que para los trabajadores representa un margen de tiempo clave para continuar su reclamo ante los distintos estamentos políticos.
Así lo explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación, quien expresó que la resolución judicial «nos da un tiempo prudencial para todo el trabajo que venimos realizando del sindicato con el Congreso de la Nación, gobernadores, etcétera. Así que es un respiro, digamos». No obstante, reconoció que el gobierno nacional apelará la medida, aunque resaltó que “tenemos un tiempo prudencial para trabajar con todo esto, para voltearlo definitivamente, ese decreto”.
La dirigente gremial fue contundente al exponer los motivos por los que Vialidad Nacional no debería ser disuelta. “La realidad es que estamos uniendo al país como fue nuestro eslogan durante muchas décadas, y esto lo que va a lograr es que ese país deje de estar vinculado, ¿no es cierto? Vialidad se creó para conectar todos los pueblos, ciudades, provincias, en la salida de los puertos, aeropuertos, los pasos fronterizos, y todo eso quedaría absolutamente en la nada», sostuvo.
A su vez, hizo foco en los inconvenientes que ya enfrenta el organismo debido a decisiones previas del Ejecutivo: “Ya estamos con algunos problemas, que es el mantenimiento por la retención de fondos que ha hecho el gobierno nacional, que ahí también nos sufriría una denuncia penal a Carlos Guberman, que es quien debe distribuir los fondos, por retener fondos que son específicos, que es el impuesto al combustible, que son específicos para mantener la red de caminera».
Consultada sobre los argumentos esgrimidos en el decreto de disolución, Aleñá fue categórica: “Fundamento cierto no tiene, la verdad. Ellos lo único que saben decir es que hablan de corrupción, pero la verdad nada que ver. No hay un argumento válido, ni siquiera el decreto dice esto que hacemos acá lo vamos a hacer allá. No especifica qué van a hacer con los fondos”. Además, subrayó que Vialidad Nacional no fue incluida en la Ley Bases “por el tipo de empresa nacional que somos”, con lo cual alertó sobre la posible inconstitucionalidad de la medida, al afectar principios como “la estabilidad laboral del empleo público”.
En ese mismo sentido, remarcó que el decreto 471 “todo muy traído a los pelos”, al recordar que no se dio de baja la ley de origen de la Dirección Nacional de Vialidad, vigente desde 1932. “Modificaron sólo una parte del decreto ley 505, que armaba toda la estructura de Vialidad, se generaba el Consejo Técnico, Vialidad iba a ser, iba a haber un Consejo Vial Federal, donde intervienen todas las provincias”, explicó.
Uno de los aspectos que más preocupa, según Aleñá, es el destino de los fondos recaudados a través del impuesto al combustible, específicamente destinados al mantenimiento de la red vial, y el futuro de los tramos de ruta que no se encuentran concesionados. “Estamos hablando de más de 400 mil millones de pesos, que se podría haber hecho un montón de cosas durante el año 2024, que ese es el monto de 2024 que nos adeuda. Falta todo lo que da de este año de la recaudación de la impuesta al combustible. Eso no lo dice y nadie lo sabe», agregó. Según relató, incluso dentro de Vialidad las autoridades desconocen el rumbo de esos fondos y aseguraron que «vamos a seguir operativo hasta que se reestructure el decreto». No obstante, Aleñá advirtió que “estamos operativos sin plata. Cómo bacheamos, cómo hacemos, cargamos combustible, cómo hacemos un montón de cosas para mantener la red. Sin dinero prácticamente es imposible».
En cuanto a la dotación de personal y los recursos técnicos, la sindicalista negó que exista un sobredimensionamiento y afirmó que, por el contrario, la cantidad de trabajadores es insuficiente para cubrir la extensa red vial nacional. “La cantidad de gente no alcanza. Nosotros venimos hace varios años, cada vez que entra un gobierno o antes en la campaña, presentamos proyectos demostrando, en este caso para el sistema operativo, en la red para el mantenimiento nada más, estamos hablando de más o menos que se necesitan unos 1.500 agentes más”, detalló. Y enfatizó: “La realidad es que es al inverso, no hay ñoquis, falta gente operativa”.
Por último, Aleñá remarcó la importancia de que la sociedad en su conjunto tome dimensión de las consecuencias que podría acarrear la desaparición de Vialidad Nacional. “Me parece que la sociedad, todo el pueblo argentino debería estar preocupado, porque nos toca a cada uno, a cada uno de alguna manera le toca, a quien tiene economía regional le toca, en una emergencia médica le toca, en una emergencia por algún incendio que por ahí tiene que venir un pueblo al otro le toca, ya estamos todos involucrados, transitemos o no por el camino”, concluyó.
