Julieta Silva, quien cursa una prisión preventiva domiciliaria por un supuesto caso de violencia intrafamiliar contra su marido, Lucas Giménez, declaró ayer ante el fiscal Fabricio Sidoti, que investiga las causas en las que está acusada la mujer que en 2017 mató a su novio Genaro Fortunato y que fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por ese homicidio culposo.
El abogado porteño que la representa -aunque no la patrocina formalmente ya que no tiene matrícula provincial y, por tanto, no está habilitado a actuar-, Roberto Castillo, afirmó que Silva es la víctima en la relación con su marido, quien -según dijo- “la chantajeaba, la amenazaba y le hacía escenas de celos”.
Silva está imputada por delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de Giménez. También fue acusada de privación ilegal de la libertad, y -en una causa paralela- de desobediencia y amenazas, razón por la cual el fiscal ordenó su detención. El 8 de agosto, en tanto, el juez Claudio Gil del Juzgado Penal Colegiado 2 de San Rafael, ordenó que la mujer debía seguir cumpliendo la detención en la modalidad de “domiciliaria, con tobillera electrónica”.
En sus redes sociales, el mediático Castillo publicó: “Julieta debió hacerlo (declarar) desde el inicio, pero el miedo, el chantaje y las amenazas que sufrió la hicieron callar durante demasiado tiempo. Fue víctima de extorsión, manipulación y hostigamiento psicológico, viviendo bajo la presión constante de perder a sus hijos. Ese contexto la obligó a guardar silencio, mientras se aprovechaban del estigma que injustamente pesa sobre su nombre para profundizar la persecución en su contra”.
Asimismo, el letrado consideró que la mujer es objeto de “hostigamiento procesal” por parte del Poder Judicial y que es evidente que “el Estado, por acción u omisión, ha permitido que se vulnere su derecho de defensa y se la coloque en una posición de absoluta indefensión”. Más aún, afirmó que “las tres denuncias que Julieta hizo contra su marido no fueron investigadas”.
Según pudo saberse, la intención de Castillo y de su colega local, Clarisa Fuentes, es probar la inocencia de Silva y lograr su sobreseimiento.
