La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió avanzar con un procedimiento de decomiso directo de vehículos secuestrados que permanecen bajo custodia judicial desde hace más de dos años. La medida, impulsada por la Sala Administrativa del tribunal y firmada por los jueces Dalmiro Garay y Omar Palermo, apunta a reducir el impacto ambiental que generan los depósitos saturados de automóviles en todo el territorio provincial.
El coordinador de prensa del Poder Judicial, Martín Ahumada, explicó a FM Vos 94.5 que el decomiso “es un mecanismo ya existente en la ley 6816 de la provincia” y detalló que alcanza a “bienes que son secuestrados producto del delito o que no son reclamados por sus propietarios”. En esos casos, “se saca definitivamente la titularidad de los bienes y pasan a estar a disposición de la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo.
El procedimiento prevé un plazo de seis meses desde el secuestro para declarar el decomiso de los bienes comunes, aunque en el caso de los vehículos el trámite suele demorarse más. Según Ahumada, “lo que ha hecho la sala administrativa es realizar un decomiso directo, notificando a jueces y fiscales de la existencia de cierto número de autos”.
En esas notificaciones, se les otorga a los magistrados un plazo de 72 horas para informar si alguno de los vehículos involucrados constituye prueba de un delito o debe conservarse para peritajes. “Si en ese lapso no me avisan que alguno de los autos es prueba de un delito, lo doy por decomisado”, explicó Ahumada, aclarando que “no se trata de vehículos secuestrados hace tres días, sino de unidades que llevan más de dos años judicializadas”.
El vocero señaló que resulta poco probable que un vehículo retenido tanto tiempo siga siendo necesario en una causa penal, ya que “un fiscal tiene 18 meses como máximo para elevar una causa a juicio”. Por esa razón, sostuvo, “es muy difícil que se esté con un vehículo más de dos años con necesidad todavía de prueba”.
Una vez decretado el decomiso, los vehículos pasan a quedar bajo tutela de la Suprema Corte, que podrá disponer su destino “a través de un programa del Ministerio de Seguridad, de manera que se compacte”. En ese sentido, Ahumada subrayó que “normalmente, cuando un vehículo está decomisado, la Corte puede destruirlo o rematarlo”.
Sin embargo, no todos los automotores terminan en la prensa de compactación. Si el estado de conservación lo permite, “el auto puede ser utilizado para la función de seguridad, ya sea asignado al Ministerio de Seguridad o al propio Poder Judicial para tareas institucionales”, aclaró el funcionario.
Pese a esa posibilidad, Ahumada admitió que no siempre es sencillo reutilizar los rodados. “Es muy difícil volver a poner en uso vehículos que tienen limados los números de motor o problemas de identificación. Además, hay una tramitación de seguros y responsabilidades civiles que es mucho más engorrosa de lo que la gente piensa”, indicó.
La acordada abarca unos 9.000 vehículos distribuidos en cinco plazas judiciales de la provincia, muchos de los cuales se encuentran en avanzado estado de deterioro. “Con el paso del tiempo no sólo se deteriora el vehículo, sino que empieza a deteriorar el ambiente donde está, lo que puede provocar incendios o contaminar el suelo”, advirtió.
Por ese motivo, el Poder Judicial prevé que la mayoría de las unidades decomisadas pasen a compactación, un proceso que se realiza bajo el programa PROMECOM del Ministerio de Seguridad, regulado por la Ley 9359. “La compactación se realiza mediante un mecanismo que depende del Ministerio de Seguridad, con algunas empresas que utilizan el material a cambio de ciertos bienes o aportes económicos”, explicó.
El funcionario destacó además que el producido de la compactación ayuda a financiar la propia ley, ya que puede destinarse a cubrir eventuales juicios derivados del procedimiento. “Estos vehículos, cuando pasan a compactación, en su mayoría están en estado complejo para ser utilizados. Lo primero que producen es un gran número de roedores, luego el peligro de incendio y contaminación del suelo”, alertó Ahumada.
Finalmente, consideró “muy acertada la decisión de decomisar y mandar a compactar, así como la creación de este programa del Ministerio de Seguridad”, que permitirá sanear espacios y mitigar el impacto ambiental de los depósitos judiciales en Mendoza.
