La reciente propuesta del Gobierno mileísta de eliminar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) ha encendido las alarmas y desatado una profunda polémica. Si bien la iniciativa busca simplificar la estructura tributaria del país, su impacto potencial en San Rafael, una región con una fuerte base de comerciantes, profesionales y pequeños emprendedores, es motivo de seria preocupación.
El Monotributo, vigente desde 1998, es una herramienta fundamental que permite a millones de pequeños actores de la economía formalizar su situación de manera sencilla, agrupando el componente impositivo (IVA y Ganancias) y las cargas previsionales (jubilación y obra social) en una única cuota fija. Su razón de ser es precisamente actuar como un puente entre la informalidad y el régimen general, un salto que para muchos es fiscal y administrativamente imposible de dar.
La propuesta de Milei apunta a que todos los contribuyentes pasen al Régimen General. Esto implicaría que los actuales monotributistas deberían afrontar la complejidad de liquidar mensualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), anticipos del Impuesto a las Ganancias y pagar sus aportes jubilatorios y de obra social de manera separada y a través de un sistema de facturación más riguroso.
En San Rafael y el sur mendocino, la eliminación del Monotributo golpearía de lleno a miles de trabajadores independientes. Nuestro tejido productivo se compone de pequeños prestadores de servicios turísticos, artesanos, minoristas y oficios que dependen de la sencillez y el costo previsible de este régimen.
Si se concretara el cambio, la mayoría de estos contribuyentes enfrentaría un aumento significativo en la carga tributaria. El cálculo del IVA y Ganancias en el Régimen General es variable y, para los pequeños volúmenes de facturación, suele resultar más caro y mucho más engorroso que la cuota fija actual. Esto generaría dos riesgos inminentes: aumento de la Informalidad, ya que muchos pequeños contribuyentes, incapaces de afrontar la complejidad administrativa y el aumento de costos del Régimen General, podrían optar por retornar a la economía «en negro»; y cierre de pequeños emprendimientos ya que la mayor presión fiscal podría asfixiar los márgenes de ganancias.
Si bien la búsqueda de una estructura fiscal más eficiente es legítima, el Gobierno debe entender que el Monotributo no es simplemente una «caja negra» a eliminar, sino un instrumento de política económica y social.
Cualquier cambio debe incorporar un régimen de transición suave y verdaderamente simplificado para los más pequeños. La propuesta debe ser repensada para no generar un salto abrupto que expulse a miles de emprendedores de la formalidad y termine, paradójicamente, reduciendo la base tributaria efectiva del país. San Rafael -y el resto del país- observa con atención esta polémica y espera que las autoridades nacionales escuchen la voz de los pequeños contribuyentes antes de tomar una decisión que podría transformar radicalmente el panorama económico.
