El proyecto impulsado por el Gobierno propone derogar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y avanzar hacia un cambio estructural del sistema, con mayor protagonismo de las familias y un esquema de financiamiento a la demanda. Especialistas advierten sobre un cambio de paradigma histórico y posibles impactos en la equidad.
El proyecto de reforma educativa presentado por el Gobierno nacional abrió una discusión profunda sobre el futuro del sistema educativo argentino. La iniciativa propone derogar la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 y avanzar hacia un modelo que redefine el rol del Estado, modifica los mecanismos de financiamiento, otorga mayor autonomía a las escuelas y habilita modalidades como la educación presencial, virtual o en el hogar. Además, plantea evaluaciones obligatorias y un mayor peso de las provincias y las familias en las decisiones educativas.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el docente y especialista en gestión educativa Flavio Buccino analizó los alcances del proyecto y advirtió que la propuesta implica “un cambio de paradigma” que rompe con una tradición de más de 100 años en la Argentina. “El proyecto de ley tiene cosas interesantes y tiene otras que no tanto”, señaló al comenzar su análisis.
Buccino explicó que históricamente el sistema educativo argentino se construyó con el Estado como actor central. “Argentina siempre se caracterizó por tener un sistema educativo que ponía al Estado en el centro de la acción y de la responsabilidad”, afirmó. Si bien aclaró que la gestión educativa corresponde a las provincias, remarcó que “el Estado nacional siempre marcó la línea, el sentido y la lógica hacia dónde va el sistema educativo”.
Según el especialista, la reforma propuesta modifica de raíz ese esquema. “Este proyecto cambia de raíz ese modelo, haciendo que en vez de que haya un Estado que oferte educación, haya un Estado que garantice educación a través de sistemas de financiamiento”, explicó. En ese punto aparece el concepto de voucher educativo, que implica otorgar a las familias un monto de dinero para que elijan a qué institución enviar a sus hijos.
Para Buccino, este mecanismo introduce una lógica de competencia entre establecimientos. “Cuando uno piensa de esta manera, lo que está pensando es que en realidad va a poner a competir a las escuelas entre sí, públicas o privadas, por la obtención de esos recursos”, indicó. Y advirtió que aquellas instituciones que no logren captar suficientes fondos “van a ver resentida su calidad o van a tener que buscar otras formas de recuperar esos recursos”.
El entrevistado remarcó que el sistema genera una diferencia estructural entre el ámbito público y el privado. “El sector privado va a tener la posibilidad de cobrar cuotas que el Estado no va a poder”, sostuvo, y desde una mirada personal fue contundente: “Creo que la educación no es un bien transable y no es imprescindible que haya un mercado educativo en el que compitan las escuelas entre sí por recursos”.
No obstante, Buccino reconoció que el proyecto tiene como objetivo declarado mejorar la calidad educativa y que algunas de sus herramientas podrían implementarse sin necesidad de cambiar el paradigma vigente. “Podemos generar mayor autonomía a las escuelas para que tengan una parte del diseño curricular”, ejemplificó. También mencionó la posibilidad de “designar directores mejor formados para la gestión educativa” y de avanzar hacia un esquema de “presupuesto por escuela” que permita conocer con mayor precisión cuánto cuesta educar a cada estudiante y mantener cada institución.
“Lo que la gente debe entender es que lo que va a ocurrir es un cambio de paradigma del sistema educativo, no solamente de las herramientas”, insistió. En ese sentido, sostuvo que las herramientas pueden ser utilizadas tanto en el modelo actual como en uno diferente, siempre que exista una orientación clara.
Otro de los puntos centrales del debate es el federalismo. Buccino expresó dudas sobre la aplicación de una normativa nacional uniforme en un país con organización federal. “Tengo dudas con respecto a una directiva que dirija desde la Nación en un sistema federal como el nuestro”, planteó. Al respecto, recordó experiencias internacionales como la de Chile, donde un modelo de autonomía y competencia aplicado entre 1980 y 1990 dejó consecuencias negativas. “Los estudios muestran que Chile montó un sistema educativo sobre la estratificación social”, explicó, lo que derivó en “escuelas de primera y escuelas de tercera”.
En el caso argentino, el especialista consideró que una ley nacional podría entrar en conflicto con las legislaciones provinciales. “Si la ley nacional define esto para todas las provincias, las provincias van a tener que cambiar su ley también”, advirtió, lo que implicaría reformas profundas en la gestión, el financiamiento y la participación de las familias en los sistemas educativos locales.
La discusión también alcanzó a las evaluaciones obligatorias y al examen final de quinto año. Buccino valoró positivamente la herramienta y citó el ejemplo de Brasil. “El modelo de examen final integrador le fue muy bien a Brasil y mejoró muchas cosas sin necesidad de voucherizar”, afirmó, dejando en claro que el problema no es la evaluación en sí, sino el contexto en el que se aplica.
Sobre el nivel secundario, el especialista recordó que pasó de ser un espacio para sectores reducidos a uno masivo desde fines de los años 80 y principios de los 90. “Al momento de entrar todos, nadie se preocupó por la calidad, se preocuparon solamente por el ingreso”, señaló, y planteó la necesidad de haber garantizado “ingreso con calidad”.
En otro tramo de la entrevista, Buccino puso en discusión la responsabilidad del sistema educativo frente al fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan. “¿Es todo responsabilidad del sistema educativo o hay un sistema político, económico y social que también expulsa a esos pibes?”, se preguntó. En ese sentido, consideró que la crisis educativa no puede analizarse de manera aislada y que existe una fuerte responsabilidad política y social acumulada en los últimos 40 años.
Para el especialista, el eje del debate debería ser más amplio. “Tenemos que pensar qué modelo político, social y económico queremos para la Argentina y, a partir de ahí, qué sistema educativo necesitamos”, expresó. Y alertó que el proyecto actual “toca muy de costado” cuestiones centrales como el perfil de escuela, de docentes y de alumnos que se busca formar.
“Muchas de las herramientas del proyecto son buenas, pero no desde un paradigma que ponga a competir a las instituciones para ver cómo se hacen de los recursos”, sostuvo. Finalmente, manifestó su expectativa de que el debate parlamentario sea profundo y federal. “Aspiro a que haya un muy buen debate en el Congreso y una fuerte participación de los gobernadores”, concluyó, al tiempo que advirtió que “cambiar todo el paradigma educativo puede ser meternos en un problema grave si no hay acuerdos”.
