Un reciente relevamiento del Registro Electrónico de Sentencias de la Fiscalía de Estado de Mendoza, revela la magnitud de los compromisos financieros que enfrenta la administración provincial al 31 de agosto de 2025. Con un total acumulado que supera los 3.000 millones de pesos, las áreas de Salud, Seguridad y Educación se consolidan como los focos de mayor conflictividad legal.
El sistema judicial ha consolidado un volumen de pagos que asciende a la cifra total de $3.054.248.796,42 -sin sumar intereses– lo que deberá abonar en base a las sentencias dictadas el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y 31 de agosto de 2025. Se trata de una práctica habitual de cada año. Se elige dicho período para que el dinero pueda ser incluido en el presupuesto del año siguiente -discusión que se da en el último trimestre- y que se ejecuten los pagos de enero a diciembre. En este caso, de 2026.
Este monto, que se desprende del último registro de sentencias, evidencia una presión constante sobre las arcas públicas derivada de reclamos administrativos, daños y perjuicios y, fundamentalmente, una avalancha de acciones de amparo para la protección de derechos urgentes. Muchos de los juicios son de larga data.
El análisis de los datos, disponibles en la web de la Fiscalía de Estado con todos los detalles correspondientes, permite identificar que el Ministerio de Salud y Deportes es el organismo con mayor actividad litigiosa. Los expedientes se reparten entre demandas contra la administración central y contra hospitales específicos, tales como el Central, el Notti, el Lagomaggiore y el Schestakow.
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad aparece de forma sistemática en procesos de Acción de Amparo (ACC. AMP.) y Acciones Procesales Administrativas (APA), lo que refleja una recurrente revisión judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y el cumplimiento de normativas internas. Ocurre lo mismo con la Dirección General de Escuelas (DGE), que también tiene protagonismo.
Cada año se publica un reporte sobre los gastos que afrontará el Estado en materia de juicios. A modo de comparación, para 2025, el monto reportado -sin intereses- fue de $1.006.076.607,6. Es decir, tres veces menos que lo que indica el informe para 2026. Según pudo saber El Sol, esto depende de factores como los citados intereses y, a su vez, un poco del azar de qué sentencia -abultada o no- entre en la bolsa de cada período
Cifras elevadas
Si bien los amparos son los procesos más numerosos, las indemnizaciones más elevadas provienen de casos de Daños y Perjuicios y procesos administrativos ante la Suprema Corte. El registro destaca casos individuales con montos que superan ampliamente la media: $239.291.725,00, $95.716.690,00, $91.987.737,67 pesos y $79.785.053,33.
El pago de los honorarios
Otro aspecto relevante que arrojan las fuentes es la recurrencia en el pago de honorarios profesionales por convenio (Ley 9.234). Gran parte no corresponde a sentencias definitivas sobre conflictos de fondo, sino a la regularización de pagos a abogados, particularmente en el sector salud.
El funcionamiento de la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, implica que habrá un fiscal encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado. Tendrá también personería para demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la Provincia la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución contrarios a las prescripciones de esta Constitución, o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de Mendoza. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas de la Administración Pública, al cual servirá de asesor. Además, gestionará el cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que haya intervenido como parte.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/la-millonaria-cifra-que-debera-pagar-el-estado-en-concepto-de-juicios-durante-2026/
