Mientras el fragor de las festividades de fin de año y el impacto de la captura de Nicolás Maduro dominaban la agenda pública, el Poder Ejecutivo nacional dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, en el silencio de la feria judicial, ha herido de muerte principios básicos del Estado de Derecho. La reforma del sistema de inteligencia no es solo una cuestión de organigramas o presupuestos; es, en la pluma de Javier Milei, una transferencia de poder inédita hacia los sótanos del Estado que debería alarmar a cualquier ciudadano con vocación republicana.
El aspecto más sombrío de esta medida es la facultad otorgada a los agentes de la SIDE para detener personas sin orden judicial previa. Se rompe así un contrato fundamental: en la Argentina, desde el restablecimiento democrático, solo un juez tiene la potestad de disponer sobre la libertad de los ciudadanos. Habilitar a espías —cuya naturaleza es el secreto y la falta de identificación— a privar de la libertad a un individuo bajo el argumento de una «amenaza estratégica», es abrir la puerta a un autoritarismo de rostro invisible.
La justificación oficial, que alude a posibles represalias de Irán o a la seguridad nacional, resulta insuficiente para semejante despropósito jurídico. La inteligencia debe servir para anticipar peligros y avisar a la justicia, no para reemplazarla. La Constitución prohíbe explícitamente al Presidente legislar sobre cuestiones penales mediante DNU. La detención de personas es, por excelencia, una materia penal que requiere del debate legislativo y del consenso de las fuerzas políticas.
En un escenario donde el oficialismo destila una fobia manifiesta hacia el periodismo crítico, bajo el lema violento de “no odiamos lo suficiente”, las nuevas competencias de la SIDE —que incluyen investigar «interferencias e influencias»— parecen un traje a medida para perseguir la disidencia y la fuga de información que el propio poder clasifique como secreta.
Si la inteligencia nacional necesita modernizarse frente a las nuevas tecnologías y amenazas globales, el camino es una ley de la Nación discutida de cara a la sociedad, no un decreto entre gallos y medianoche que ignora la división de poderes.
Gobernar a espaldas del Congreso y vulnerando la potestad del Poder Judicial es el camino más corto hacia un gobierno iliberal. No son «ñoñerías republicanas»; son los límites que impiden que el Estado se convierta en el principal enemigo de las libertades individuales.
