Salvador Femenía, vocero y secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explicó los alcances del documento enviado al Senado de la Nación, donde las entidades pymes plantean serias objeciones a puntos claves del proyecto de reforma laboral. Según Femenía, si bien el sector coincide en la necesidad de actualizar las normas, la redacción actual de ciertos artículos pone en riesgo el equilibrio de fuerzas en las negociaciones colectivas y la sostenibilidad de las instituciones gremiales empresarias.
Un frente unido contra la arbitrariedad
La preocupación no es aislada. CAME, junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y ADIMRA (metalúrgicos), ha articulado un reclamo que ya cuenta con el respaldo de otros 26 gremios y sectores afectados por la letra chica del proyecto. «Hemos enviado una carta al Senado y estamos articulando profundamente con gobernadores y legisladores de todos los sectores políticos. Objetamos puntualmente los artículos 126, 128, 130, 131 y 132», enumeró Femenía de entrada.
«Uno de los puntos más críticos es el 132, que otorga al Ministerio de Trabajo la atribución de suspender o dejar sin efecto convenios por ‘extrema situación económica’. Consideramos que esto es muy arbitrario; es necesario definir con precisión qué situaciones habilitarían una intervención estatal de este tipo para no caer en la discrecionalidad», explicó en relación con ese mismo tema.
El desequilibrio financiero: aportes y sostenibilidad
Uno de los ejes que mayor malestar genera es el artículo 128, que propone que los aportes a las cámaras empresarias pasen a ser voluntarios, mientras mantiene la obligatoriedad para los sindicatos. «Se está produciendo una pérdida de equivalencia. El gobierno mantiene el aporte a los sindicatos, pero les quita el sostén a las cámaras empresarias, que somos quienes ejercemos la representación y realizamos una gran tarea de capacitación. En la práctica, hacer que el aporte sea voluntario significa que no lo pague nadie, lo cual haría imposible llevar adelante nuestra actividad», aseguró Femenía en medio de la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
«En cualquier parte del mundo, las actividades gremiales empresarias tienen un sustento económico. Vamos a proponer modificaciones, quizás que el aporte sea menor o que se mantenga durante un tiempo, pero el poder de las partes debe ser equilibrado», observó.
Ultraactividad y seguridad jurídica
Otro punto de discordia es la ultraactividad de los convenios, es decir, la vigencia de los contratos de trabajo una vez vencidos los plazos formales de negociación. «El gobierno propone que continúe vigente la parte normativa pero no las obligaciones de las partes. Esto es un riesgo enorme porque dentro de esas obligaciones están los derechos consagrados de los trabajadores», enfatizó el vocero de CAME.
«Advertimos que la propuesta actual tendría consecuencias judiciales inmediatas, ya que entra en conflicto con derechos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Nuestra postura es modificar el proyecto para que la ultraactividad no tenga limitaciones que, inevitablemente, terminarán resolviéndose en los tribunales», comentó.
Plazos cortos para una discusión profunda
Pese a las diferencias, Femenía destacó la apertura de una instancia de diálogo tras ser convocados por el equipo técnico del oficialismo en el Senado. No obstante, advirtió sobre la premura de los tiempos legislativos. «Hace muchos años que venimos diciendo que hace falta una modernización laboral, pero la discusión debe ser profunda. El proyecto tuvo dictamen antes de las fiestas de fin de año y ya se pretende tratarlo en sesiones extraordinarias hacia mediados de febrero. Creemos que son plazos un poco cortos para la magnitud del tema», opinó al respecto.
«Estamos trabajando con nuestros equipos técnicos para presentar propuestas que mejoren el proyecto. No queremos frenar la modernización, pretendemos que el resultado final sea sostenible y beneficioso para todo el entramado productivo», subrayó al final de la conversación.
