La reciente decisión del gobierno nacional de postergar la aplicación de la nueva metodología del INDEC para el segundo semestre de 2026 ha encendido las alarmas en el sector de la economía doméstica y de la seguridad social. Carlos Gallo, especialista en la materia y exjefe regional Cuyo de la Anses, advirtió que seguir midiendo el costo de vida con una canasta de 2004 no es solo un anacronismo tecnológico, sino una trampa que perjudica directamente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Según el analista, el desfase entre la inflación real y la informada agrava un modelo de ajuste que se vuelve vicioso ante la caída de la recaudación.
La obsolescencia del IPC actual
Para Gallo, la controversia que motivó la renuncia de Marco Lavagna al INDEC desnuda una realidad insólita: el Estado mide la inflación del siglo XXI con parámetros de hace dos décadas. «Lo paradójico de la decisión del ministro Caputo es que seguimos utilizando un índice del año 2004-2005. Hoy se miden productos como nafta común, reparaciones de fax, tarjetas de teléfonos fijos o incluso Walkman y Discman. Hay una serie de artículos que los jóvenes ni siquiera saben qué son. Los especialistas dicen que el índice debe actualizarse cada cinco años, pero aquí han pasado ocho años desde el último intento serio de renovación», señaló de entrada.
«Al gobierno no le daban los valores que les convenían con la nueva metodología de 2017; prefieren la vieja porque arroja valores más bajos. Consultoras como CEPA o PxQ estiman que hay entre 10 y 20 puntos de diferencia entre la inflación informada y la real», aseguró en la entrevista que brindó a FM Vos 94.5.
El impacto directo en el bolsillo: jubilaciones y bonos
Desde abril de 2024, las jubilaciones se ajustan por el IPC con dos meses de rezago. Si ese índice está subestimado, el haber previsional pierde automáticamente contra la góndola y las tarifas. «En febrero de 2026, las jubilaciones aumentaron apenas un 2,8% basado en la inflación de diciembre de 2025. Lo que percibimos la gran mayoría de los argentinos es que los datos oficiales no coinciden con nuestro bolsillo. Caputo dice que espera terminar de eliminar subsidios a las tarifas para aplicar índices más precisos, pero mientras tanto, la pérdida es brutal», declaró Gallo al respecto.
«Las jubilaciones mínimas, que tienen el bono congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024, han perdido un 16,5% de poder adquisitivo real hasta diciembre de 2025. Con la manipulación del índice, esa pérdida es, mínimamente, un 10 o 20% mayor a lo que dicen las estadísticas oficiales», estimó.
Incertidumbre en los mercados y el PBI
La falta de certeza sobre los datos de inflación no solo afecta a los jubilados, sino que compromete la medición de toda la economía nacional, incluyendo salarios y deuda. «Esto genera un cimbronazo en los mercados porque afecta a los bonos CER que ajustan por inflación. Pero hay algo más preocupante: el PBI. Para elaborar el Producto Bruto Interno se analiza la inflación; si el dato es falso, no tenemos garantía de que estemos midiendo bien la riqueza de la Argentina. Es una situación compleja donde no se prevé un cambio de rumbo», declaró Gallo.
«Tenemos un modelo regresivo: cae la recaudación y el gobierno se siente obligado a seguir ajustando jubilaciones. Es un modelo vicioso que se retroalimenta y que termina evidenciando una pérdida de poder adquisitivo mucho más profunda de lo que el Estado se anima a reconocer», sentenció.
El círculo vicioso de la Seguridad Social: caída de ingresos y déficit persistente
Uno de los puntos más críticos señalados por Carlos Gallo es la paradoja del ajuste actual: aunque el Estado gasta menos en términos reales por cada jubilación, el sistema previsional se encuentra más desequilibrado que en periodos anteriores. El especialista manifestó que la sostenibilidad del sistema no depende exclusivamente del control del gasto, sino fundamentalmente de la salud de la recaudación tributaria y el nivel de empleo, variables que hoy muestran signos de fuerte deterioro.
Gallo describió un escenario de desfinanciamiento que se origina en una crisis de ingresos del Estado. Según datos oficiales, en enero de 2026 la recaudación del IVA cayó un 11% y la general un 7,4%. Esta retracción tiene un impacto directo en la caja de la Anses: «Si caen los aportes y contribuciones porque hay 250 mil puestos de trabajo menos, se desfinancia el pago de jubilaciones», argumentó.
Esta situación genera lo que Gallo denomina un «modelo regresivo» o vicioso. Pese al ajuste aplicado sobre los haberes mínimos y el congelamiento de bonos, el déficit previsional aumentó medio punto del PBI. «Esto ocurre porque el ajuste en las prestaciones frena el consumo, y al caer el consumo, cae la recaudación de impuestos como el IVA o combustibles, que son los que financian el sistema», fundamentó.
Dentro de ese marco, el especialista señaló que el estancamiento de la economía real ha provocado un freno en las moratorias y una caída en las nuevas altas jubilatorias. «Este menor volumen de nuevos beneficiarios no logra sanear las cuentas: se están otorgando menos jubilaciones que en años anteriores, pero el sistema sigue en rojo porque la recaudación no para de caer. Es una espiral donde el ajuste sobre los jubilados ni siquiera alcanza para compensar la pérdida de ingresos del Estado», analizó al finalizar la charla.
