La abogada argentina Agostina Páez atraviesa desde hace más de dos semanas una compleja situación judicial en Brasil, luego de ser imputada por el delito de injuria racial tras un episodio ocurrido en un bar de Río de Janeiro. La joven santiagueña permanece retenida por orden judicial, con una tobillera electrónica y prohibición de salir del país, sin plazos definidos para el avance de la causa.
En las últimas horas, Páez difundió un video en su cuenta de TikTok en el que relató el impacto personal de la situación que atraviesa. “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, expresó, al tiempo que aseguró estar a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso. En ese mismo mensaje, afirmó que se están vulnerando sus derechos, luego de haber sido notificada de una orden de prisión preventiva bajo el argumento de un posible peligro de fuga.
La causa se inició el 14 de enero, cuando una discusión por el pago de una cuenta en un bar de Ipanema derivó en una denuncia penal. Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro, la investigación fue concluida y remitida al Ministerio Público. La acusación sostiene que Páez realizó gestos e insultos racistas contra un trabajador brasileño. El expediente también involucra a una amiga de la abogada, investigada por presunto falso testimonio.
El hecho y la postura de la defensa
El defensor Sebastián Robles explicó que el conflicto se produjo luego de que Páez y sus amigas abonaran la cuenta y fueran interceptadas por empleados del local, quienes exigían un pago adicional. De acuerdo con la defensa, las turistas solicitaron hablar con el gerente y, durante ese intercambio, se produjeron insultos y provocaciones por parte del personal del bar.
Robles señaló que existen registros de cámaras de seguridad que muestran a empleados realizando gestos obscenos y bloqueando la salida del grupo. En ese contexto, Páez reconoció haber reaccionado con un gesto similar, que fue filmado por terceros y presentado luego como prueba en su contra. Según su versión, la reacción se dio tras reiteradas provocaciones.
El delito de injuria racial en Brasil está equiparado legalmente al racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. Desde el inicio de la causa, Páez tiene el pasaporte retenido, utiliza una tobillera electrónica y continúa imposibilitada de abandonar el país, pese a que su documento nacional fue devuelto.
El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro. La defensa presentó un recurso de habeas corpus para que la abogada pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso de manera virtual, aunque hasta el momento no hubo resolución.
La situación personal de Páez se agravó tras un episodio de inseguridad en el departamento donde se alojaba, lo que la obligó a mudarse. Su familia manifestó preocupación por su estado emocional y evalúa viajar a Brasil para acompañarla. La defensa también cuestionó la falta de plazos concretos en las medidas restrictivas, que calificó como arbitrarias.
Mientras la investigación avanza, la Policía Civil reafirmó públicamente que el racismo no será tolerado en Río de Janeiro. La Embajada argentina en Brasil ofreció asistencia legal, aunque sin intervención directa en el proceso judicial. El caso continúa bajo atención pública y judicial, sin una fecha definida para su resolución.
