La Argentina está transitando una transformación estructural que, lejos de ser el «renacimiento» prometido, se asemeja cada vez más a una liquidación por cierre. Los datos de este febrero de 2026 son inapelables: la apertura comercial indiscriminada, ejecutada sin una previa adecuación de los costos internos ni una reforma tributaria que alivie al que produce, ha colocado a la industria nacional frente a un pelotón de fusilamiento. Lo que estamos presenciando no es una competencia leal, sino la capitulación de sectores enteros que, durante décadas, fueron el motor del empleo formal en el país.
El caso de Fate es la muestra de un fenómeno que se extiende por todo el mapa productivo. Desde el sector textil hasta la metalmecánica, pasando por la línea blanca y la industria automotriz, el patrón se repite: las importaciones crecen a niveles de tres dígitos mientras las persianas locales se bajan definitivamente. Con estas políticas públicas, resulta más rentable y menos riesgoso traer un contenedor de productos terminados desde Asia que encender una máquina en suelo argentino.
La destrucción de más de 22.000 empresas en estos dos años de gestión mileísta no es solo una estadística; es la pérdida de miles de hogares que dejan de consumir, que dejan de invertir y que pasan a engrosar las filas de la precariedad laboral.
Un país que solo exporta materias primas e importa todo lo que consume es un país que renuncia a su soberanía económica y a la posibilidad de ascenso social de sus ciudadanos.
El riesgo de este modelo es la irreversibilidad. Una fábrica que cierra no vuelve a abrir con un decreto; el conocimiento técnico se pierde, el capital se fuga y las familias se desintegran.
La modernidad no puede ser un desierto de chimeneas apagadas. Un desarrollo genuino exige que el mercado sea un motor de crecimiento, pero también que el Estado sea el garante de que ese crecimiento no se logre sobre las ruinas del trabajo argentino.
