La disputa empresarial por el control de dos negocios estratégicos en Las Heras —la planta de residuos de El Borbollón y la estación de servicio YPF de Uspallata— llegó a su fin. Tras meses de enfrentamiento societario que incluyó demandas cruzadas y un episodio de alto impacto público como la clausura de la expendedora de combustibles en alta montaña, Diego Dumit y Alfredo Vila Santander alcanzaron un acuerdo para dividir sus activos y cerrar el litigio.
Fuentes vinculadas a ambos empresarios confirmaron a El Sol que el entendimiento incluyó cesiones mutuas de participación en las sociedades que compartían, lo que permitió desactivar los conflictos judiciales abiertos entre las partes.
El acuerdo estableció que Dumit cedió su participación en KM 1107, la sociedad anónima que opera la estación de servicio ubicada en Uspallata, mientras que Vila Santander transfirió su parte en Selfix, la firma que administra el Centro de Disposición Final (CDF) de El Borbollón.
De esta manera, Dumit pasó a controlar el negocio del tratamiento de residuos, mientras que Vila Santander quedó al frente del complejo de servicios sobre la Ruta Nacional 7, un punto estratégico del corredor hacia Chile.
Como parte del entendimiento, ambos desistieron de las acciones judiciales, lo que implicó el cierre de los expedientes que se tramitaban en tribunales provinciales y que habían escalado la confrontación entre quienes, hasta hace poco, compartían negocios relevantes.
El trasfondo de la pelea
El origen del conflicto estuvo en Selfix SRL, la empresa concesionaria del Centro de Disposición Final de residuos de El Borbollón, un complejo clave para el sistema ambiental del área metropolitana.
Allí se procesan los residuos sólidos urbanos de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo, Las Heras y Lavalle, además de basura proveniente de empresas privadas y grandes complejos habitacionales.
El volumen que maneja el predio explica la magnitud económica del contrato. Según datos del sector, la planta recibe alrededor de 40.000 toneladas mensuales de residuos. El precio por tratamiento supera actualmente los $27.000 por tonelada para municipios y los $35.000 más IVA para privados, lo que genera un flujo económico constante y millonario.
La concesión vigente fue otorgada en 2022 por un plazo de diez años, lo que posiciona a la firma como un eslabón clave del sistema de gestión de residuos del Gran Mendoza. Durante años, Dumit y Vila Santander compartieron intereses dentro de ese esquema empresarial. Sin embargo, una serie de movimientos societarios alteró el equilibrio interno de la compañía y desencadenó la ruptura definitiva.
La batalla judicial
El enfrentamiento entre los socios rápidamente se trasladó al terreno judicial. En febrero, VW SA —sociedad presidida por Vila Santander— presentó una demanda contra Selfix, Dumit y otros socios, en la que solicitó la nulidad de una serie de decisiones societarias adoptadas en marzo de 2024 que, según el planteo, modificaron la estructura de control de la empresa.
El eje de la presentación fue que esas maniobras le otorgaron a Dumit el manejo interno de la compañía. Entre los elementos incorporados al expediente se incluyó incluso una pericia caligráfica privada que cuestionaba la autenticidad de firmas atribuidas a reuniones societarias clave.
Pero la ofensiva judicial no fue unilateral. En paralelo, Dumit también inició acciones legales contra Vila Santander, en el marco de la creciente ruptura entre ambos empresarios. Entre las medidas solicitadas figuró el pedido de intervención judicial de la sociedad que opera la estación de servicio de Uspallata.
De este modo, la disputa derivó en dos frentes judiciales paralelos, con demandas cruzadas que profundizaron el conflicto y aumentaron su exposición pública.
La clausura que encendió la polémica
En medio de esa escalada, un episodio inesperado llevó la pelea empresarial al centro de la escena pública: la clausura de la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 1151 de la Ruta Nacional 7, en Uspallata.
La medida fue dispuesta por la Municipalidad de Las Heras el 3 de febrero y recayó sobre la empresa KM 1107 SA, integrada por Dumit, Vila Santander y otros socios.
El municipio justificó la decisión en una serie de irregularidades administrativas detectadas durante inspecciones previas. Entre ellas se mencionaron matafuegos vencidos y planos de seguridad sin aprobación actualizada, además de la falta de habilitación definitiva para operar el complejo.
Sin embargo, el episodio generó suspicacias en el sector empresario. Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que Dumit mantiene vínculos estrechos con funcionarios municipales de Las Heras, lo que alimentó interpretaciones sobre una posible injerencia en la decisión administrativa que derivó en la clausura de la estación en pleno conflicto societario.
Desde el municipio, no obstante, siempre sostuvieron que la medida respondió exclusivamente a incumplimientos detectados durante las inspecciones técnicas y que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente.
Lo concreto es que la estación, considerada una de las más grandes del país, permaneció clausurada durante nueve días. La sanción incluyó una multa de 200.000 unidades tributarias, equivalente a unos30 millones de pesos, además de la exigencia de regularizar la documentación técnica.
Tras la presentación de los planos faltantes y un plan de pagos, la Municipalidad de Las Heras autorizó la reapertura.
El episodio también tuvo repercusiones más allá del ámbito local. Si bien YPF no integra la sociedad que opera la estación, siguió de cerca el conflicto debido al impacto que una situación de este tipo puede tener sobre su marca, especialmente considerando la relevancia logística del complejo de Uspallata.
Intereses públicos en juego
Aunque el conflicto se desarrolló entre socios privados, los dos negocios involucrados mantienen vínculos directos con el Estado.
Por un lado, Selfix opera bajo concesión pública el CDF de El Borbollón, donde se procesan los residuos del área metropolitana. Por otro, la estación de servicio de Uspallata está asentada en un terreno de origen estatal.
El predio donde se levanta el complejo perteneció hasta 1992 al Estado nacional. Ese año fue transferido a la provincia de Mendoza, que en 2009 lo donó con cargo a la Municipalidad de Las Heras para desarrollar un área de servicios destinada a transportistas de carga en el corredor internacional hacia Chile. Con el paso del tiempo, ese proyecto derivó en un polo comercial y logístico de mayor escala.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/termino-la-guerra-empresarial-en-las-heras-como-se-repartieron-el-negocio-de-la-basura-y-la-ypf-de-uspallata/
