El proyecto ya tiene media sanción del Senado y pasó a Diputados en medio de cuestionamientos por la rapidez del tratamiento y la escasa discusión técnica. Especialistas advierten sobre riesgos ambientales y denuncian beneficios para grandes empresas.
La modificación de la Ley de Glaciares 26.639 avanza en el Congreso de la Nación y genera una fuerte polémica a nivel ambiental, político y social. El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, busca introducir cambios en la normativa vigente que protege las reservas estratégicas de agua dulce ubicadas en la cordillera, particularmente en zonas glaciares y periglaciares.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el abogado especializado en Derecho Ambiental Gonzalo Vergez cuestionó duramente tanto el contenido de la reforma como el proceso legislativo que la impulsa. “Estamos un poco en los tiempos del revés. Yo no sé si en el mundo del revés, pero por lo menos en los tiempos del revés” (sic), expresó al analizar el contexto en el que se discute la iniciativa.
El riesgo ambiental y la zona periglacial
Uno de los principales ejes de preocupación gira en torno a la posibilidad de habilitar actividades extractivas en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. “Quieren sacarle un poco esa protección a los glaciares y a la zona periglacial y explotarlos”, sostuvo, y advirtió sobre las consecuencias irreversibles de ese tipo de intervenciones: “El glaciar es irrecuperable en el formato que está ahora”.
Vergez explicó que la zona periglacial cumple un rol fundamental en la preservación de los glaciares, por lo que cualquier modificación en esa área impacta directamente sobre el sistema. “Si uno modifica la zona periglacial, está afectando al continente de hielo que está contenido o preservado por la zona periglacial”, detalló.
Contradicción con la protección internacional
El especialista también puso el foco en el contexto internacional, donde la tendencia es exactamente opuesta. “Es la propia comunidad internacional, científica internacional, la Organización Meteorológica Mundial, la Unesco, que en 2025 determinó que era el año internacional de protección de los glaciares”, indicó, y remarcó que mientras a nivel global se busca reforzar su cuidado, en Argentina se avanza en sentido contrario.
En relación al tratamiento legislativo, fue categórico al señalar la ausencia de un debate serio. “La respuesta es evidentemente no, claramente y contundentemente no”, afirmó al ser consultado sobre si existió una discusión profunda en el Congreso. Además, consideró que la rapidez con la que se abordó el tema responde a una estrategia deliberada: “La idea de que esto se trate en un puñado de días es una idea tendenciosa para que pase desapercibida”.
Falta de fundamentos técnicos y científicos
En ese sentido, sostuvo que no existen fundamentos técnicos que respalden la modificación. “No hay absolutamente ningún argumento científico ni jurídico que amerite avanzar en una modificación con la celeridad que están queriendo avanzar”, aseguró, y agregó: “No existe esa base argumentativa científica”.
También reveló que organismos clave no fueron consultados: “Nunca se consultó efectivamente al instituto que lleva el inventario de glaciares”, señaló, marcando una fuerte desarticulación entre la política y la ciencia.
Una audiencia pública restrictiva
Otro de los puntos centrales del debate es la realización de una audiencia pública convocada en el marco del tratamiento del proyecto. Según explicó Vergez, la convocatoria se logró a partir de la presión social y la movilización de organizaciones y ciudadanos. “Estamos rondando los 90.000 o 92.000 personas inscriptas y entendemos que vamos a estar muy cerquita de las 100.000”, indicó, destacando el nivel de participación.
Sin embargo, criticó los cambios introducidos en su modalidad, que limitarían la intervención directa de los participantes. “Hay una violación absoluta al derecho de participación, de oralidad, de intervención pública y de garantías constitucionales”, denunció. Además, cuestionó la decisión de restringir la participación a solo 200 personas, mientras que el resto deberá enviar sus aportes de manera virtual. “La forma que eligieron resulta absolutamente restrictiva”, afirmó.
Beneficiarios directos del proyecto
En cuanto a los beneficiarios de la eventual reforma, el abogado no dudó en señalar a las grandes compañías mineras. “Es un pedido de empresas, de Barrick, de Glencore, de BHP; de tres, cuatro o cinco empresas”, expresó, y remarcó que la actividad que se busca habilitar se concentraría en una porción muy reducida del territorio. “Es un porcentaje extremadamente menor del territorio argentino, el 0,2%”, explicó, concluyendo que “las únicas beneficiadas van a ser las empresas”.
