El sistema educativo de adultos en Mendoza atraviesa un proceso de reordenamiento profundo. Tras los reclamos por el cierre y fusión de cursos en los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) y los centros de terminalidad secundaria, la jefa de gabinete de la DGE, Daniela García, defiende la refuncionalización del área. Con datos que revelan una brecha crítica entre la inscripción inicial y la certificación final, la funcionaria sostiene que el modelo actual había quedado desconectado de la demanda laboral real. En diálogo con FM Vos 94.5, García explicó los motivos detrás de los cierres y la apuesta por la innovación tecnológica.
Para la Dirección General de Escuelas, los pedidos de informe de la Legislatura se contestan con estadísticas que muestran un desgranamiento alarmante en la matrícula de los CCT. «La normativa establece que la matrícula mínima para iniciar un curso debe ser de 15 estudiantes. Hemos corroborado que, en los últimos tres años, muchos centros no solo no llegan a ese número, sino que las certificaciones laborales efectivas son bajísimas. Hay casos donde se inscriben 27 personas, pero terminan cuatro», aseguró García.
«Peor aún, en cursos como textil o electricidad, hemos tenido matrícula inicial y cero certificaciones. No podemos seguir con formaciones que no cumplen su objetivo; en un CCT de Maipú llegamos a detectar 21 inscriptos para una planta de 19 docentes. Es una asimetría que no tiene ninguna lógica», sostuvo la funcionaria.
El proceso de refuncionalización y actualización
García expuso que el objetivo central de las medidas recientes no es el recorte presupuestario, sino una actualización profunda de la oferta educativa para garantizar que los alumnos consigan un empleo real al finalizar sus estudios. Uno de los pilares de este cambio es la innovación a través de una infraestructura modernizada.
«Estamos proponiendo Centros de Desarrollo Regional con maquinaria nueva y nuevas formaciones. La capacitación debe ser de acuerdo con la demanda laboral actual; si mantenemos cursos que no generan trabajo durante años, le estamos mintiendo a la gente», sentenció la jefa de gabinete. Asimismo, abordó la problemática de la superposición de funciones detectada en diversos puntos de la provincia: «Cuando fusionamos, no dejamos a la comunidad sin oferta. En Las Heras, por ejemplo, fusionamos centros que estaban a dos o cuatro kilómetros de distancia y ofrecían exactamente lo mismo».
La era de la secundaria online y los nuevos formatos
La entrevistada desestimó que estas fusiones generen un hacinamiento de alumnos y destacó el éxito de las modalidades virtuales para jóvenes y adultos. «No va a haber un sobredimensionamiento de alumnos por curso; los matriculados que derivamos de un centro a otro generalmente no llegan a 20 por curso. Por otro lado, la educación de adultos se creó antes de que la secundaria fuera obligatoria y formal. Hoy tenemos la secundaria online, que ya tiene 8.000 inscriptos», destacó.
Según su visión, se trata de una oferta mucho más adaptable a la situación laboral de un adulto que la asistencia presencial. «El éxito de esta alternativa virtual demuestra que es lo que la sociedad hoy necesita», aseveró García.
Un protocolo basado en el territorio
La Dirección General de Escuelas aseguró que cada decisión de cierre o fusión ha sido procesada bajo un protocolo exhaustivo de análisis que prioriza la cercanía geográfica. «Si vemos que no hay un Centro de Capacitación para el Trabajo que reemplace al que estamos evaluando en una distancia razonable, ese centro no se fusiona. No dejamos a ninguna comunidad sin oferta educativa», confirmó la funcionaria.
En situaciones de alta vulnerabilidad o falta de alternativas, la estrategia no es el cierre sino la transformación de la propuesta para que responda a lo que la zona necesita. Además, el proceso contempla la iniciativa de los directivos como paso previo. «Este proceso de intervención directa de la DGE es la última instancia. Los directivos tienen la facultad de proponer cambios en sus propios trayectos formativos si ven que han perdido alumnos», aclaró, señalando que el ordenamiento se realiza al inicio del ciclo lectivo para permitir la reubicación de los estudiantes.
Para García, el debate debe centrarse en la utilidad posterior de lo que se enseña. «Estamos haciendo un estudio exhaustivo: dónde están los centros, cuál es la matrícula real, cuántas certificaciones se dan y cuántos docentes hay. La idea es mejorar la calidad y cambiar los trayectos formativos para que realmente le sirvan a la persona que busca una salida laboral», recalcó.
«Es un proceso de ordenamiento necesario para que el sistema educativo sea eficiente y honesto con los estudiantes que confían en nosotros para su formación profesional», concluyó.
