La decisión del Gobierno nacional de presentar un recurso ante la justicia para suspender la Ley de Financiamiento Universitario coloca a la educación pública en una zona de riesgo institucional que trasciende lo presupuestario. No estamos ante una simple disputa contable; estamos ante el intento de frenar, por vía judicial, una ley que el Congreso de la Nación, como expresión de la representación popular, debatió, votó y ratificó, y que busca sacar del ahogo financiero a las casas de altos estudios, allí donde se forma el capital intelectual de la Argentina.
Para el espíritu republicano, el respeto a la división de poderes es sagrado. La ley que hoy el Ejecutivo pretende paralizar no nació del capricho, sino de una necesidad imperiosa que se palpó en cada calle del país con movilizaciones populares de una magnitud pocas veces vista. Esa marea humana, que en San Rafael tuvo su correlato, dejó un mensaje claro: la universidad pública es uno de los pocos consensos que todavía mantienen en pie el contrato social argentino. Es el motor de ascenso social que permitió que el hijo del trabajador pudiera caminar hoy por la avenida de la vida con un título bajo el brazo.
El argumento del «déficit cero» como único dogma de gestión vuelve a chocar contra la realidad de lo que significa la educación. El recorte que se pretende sostener a través de esta presentación judicial no es un ahorro, es una desinversión en el futuro. Cuando se asfixian los salarios docentes o se retacean los fondos para investigación y funcionamiento, lo que se está haciendo es desmantelar la excelencia académica que nos distingue en la región. Intentar anular en los tribunales lo que el Congreso sancionó y el pueblo defendió en las plazas es un camino peligroso que erosiona la legitimidad de las instituciones y desprecia la voluntad de una sociedad que ya eligió sus prioridades.
