Con la entrada en vigencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, Argentina inicia un proceso clave de regularización del empleo. El régimen ofrece incentivos que van desde la condonación de deudas hasta la reducción de costos para los próximos cuatro años. Guillermo Poch, contador público y tributarista, analiza el impacto de esta normativa, el cambio de paradigma en las relaciones de confianza entre empleados y empleadores, y los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de seguridad social ante el avance tecnológico.
El corazón de la nueva normativa busca desarmar la estructura de informalidad que ha crecido en los últimos años, donde el régimen de monotributo desplazó sistemáticamente a la relación de dependencia. «Lo que se está buscando es que la gente que estaba en la informalidad o parcialmente reconocida pase a estar registrada, y que la compañía no se vea penalizada por esa situación. Hace varios años que el empleo en relación de dependencia caía mientras el monotributo crecía; esto evidenciaba que las empresas preferían ese esquema para evitar costos», expuso Poch al inicio de la entrevista.
«Esta norma viene a regularizar esas situaciones y a dar un beneficio hacia futuro para la empresa, bajándole los costos laborales por un término de cuatro años», amplió.
Reducción de costos y litigiosidad
La normativa no solo apunta a incentivar la creación de nuevos puestos, sino que también funciona como una herramienta de saneamiento para los balances de las empresas que arrastran pasivos laborales ocultos debido a la informalidad previa.
Para el especialista, el sinceramiento de deudas es uno de los pilares de la reforma, ya que ofrece una ventana de oportunidad única para el sector privado. «Considero que el impacto será positivo porque es el momento ideal para que muchas empresas regularicen su situación, aprovechando los beneficios y condonaciones que se están otorgando», opinó en diálogo con FM Vos 94.5.
Otro de los efectos esperados es la caída en la litigiosidad, un problema estructural que suele asfixiar a las pequeñas y medianas empresas. Al formalizar los vínculos, se espera una reducción directa en la denominada industria del juicio. «Esta medida debería ayudar a reducir la cantidad de litigios y sanear la situación de firmas que tenían procesos pasivos laborales pendientes, permitiéndoles operar con mayor previsibilidad jurídica», comentó.
En cuanto al análisis del costo total laboral, sugirió que el incentivo podría traducirse en un crecimiento del empleo neto registrado. El profesional sostuvo que el empleador evalúa siempre la inversión total por cada trabajador: «La empresa siempre mira el costo total. Si bajás ese costo mediante incentivos fiscales, le permitís terminar pagándole más al empleado en mano, lo que automáticamente amplía el universo de gente que la firma está en condiciones de contratar», fundamentó.
El factor generacional: el trabajador también elige
Uno de los puntos más disruptivos del análisis es que la informalidad no siempre es una imposición del empleador, sino que a veces responde a una preferencia de las nuevas camadas de trabajadores. «No es solo una cuestión de que el empleador no quiera ir a un esquema de relación de dependencia. Muchas veces es la misma gente joven la que dice: ‘Prefiero tener más plata yo y hacer lo que quiero con el dinero’. No siempre hay una tensión; son relaciones de confianza donde ambas partes privilegian un beneficio mutuo», contó.
«Este régimen es muy significativo porque permite regularizar hasta el 80% del personal actual, lo cual es amplísimo», destacó.
El desafío de la seguridad social
La reducción de aportes por 48 meses abre un interrogante sobre el financiamiento de las jubilaciones, en un contexto donde la tecnología y la longevidad tensionan el sistema.
«Va a ser una situación compleja, pero es un problema macro. Cada vez trabaja menos gente porque la tecnología la desplaza, y la gente vive más tiempo. Esa menor cantidad de personas activas tiene que seguir subsidiando o contribuyendo a quienes quedan excluidos o en etapa de pasividad», indicó el tributarista.
«Es una ecuación difícil de resolver; los sistemas se van a tener que aggiornar y la sociedad se tendrá que acomodar a esta nueva realidad coyuntural», completó.
