La Legislatura de Santa Fe resolvió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, integrante de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, tras detectar demoras e irregularidades en una investigación por violencia de género vinculada al caso de Ailén Ayelén Oggero. La enfermera de 32 años fue asesinada a balazos el 18 de febrero de 2025 frente a su vivienda del barrio Belgrano y, más de un año después, el crimen continúa sin personas imputadas ni detenidas.
La medida fue adoptada luego de una evaluación realizada por la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina, que analizó el desempeño de la funcionaria en causas relacionadas con violencia de género. El pedido de sanción había sido impulsado previamente por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.
Aunque Ballari no estaba a cargo de la investigación por el homicidio, sí intervenía en la causa iniciada por la propia víctima meses antes de su muerte. En noviembre de 2024, Oggero había denunciado amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de su ex pareja, Jonathan Oscar Omill, de 34 años.
Cuestionamientos por la falta de medidas preventivas
Según trascendió, la enfermera relató que Omill había ingresado por la fuerza a su domicilio, la había golpeado y mantenido privada de la libertad durante aproximadamente dos horas. Tras esa denuncia se dispuso una restricción de acercamiento, pero el acusado no fue imputado ni detenido antes del asesinato.
Los legisladores consideraron que la fiscal omitió impulsar medidas cautelares y avanzar en la imputación del denunciado, una situación que quedó bajo la lupa tras el femicidio. Posteriormente, Omill fue condenado mediante un juicio abreviado a 4 años y 6 meses de prisión por hechos de violencia de género vinculados a la víctima.
La defensa de Ballari anunció que apelará la sanción ante la Justicia provincial y nacional, además de llevar el caso a instancias internacionales. El abogado Gustavo Franceschetti sostuvo que se pretende atribuir una responsabilidad objetiva a la fiscal por hechos que aún no han sido esclarecidos judicialmente.
Por su parte, la funcionaria rechazó la medida y afirmó que se la responsabiliza por un femicidio cuya autoría material todavía no está determinada. También sostuvo que la decisión tiene motivaciones políticas y advirtió sobre posibles interferencias en la independencia de los fiscales.
Mientras tanto, la investigación del crimen continúa bajo la órbita de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Los investigadores manejan dos hipótesis principales: una apunta a Omill como posible instigador del ataque y otra vincula el hecho con el entorno de Claudio “Morocho” Mansilla, un conocido referente narco de Rosario.
Hasta el momento ninguna de las líneas investigativas permitió avanzar hacia imputaciones formales. El día del crimen, Omill fue detenido de manera preventiva, pero recuperó la libertad luego de comprobarse que se encontraba trabajando cuando ocurrió el ataque.
La madre de la víctima cuestionó públicamente el avance de la causa y denunció que se pasaron por alto elementos importantes durante la investigación. También expresó la preocupación de la familia por la falta de respuestas y recordó que los hijos de la enfermera continúan esperando que se identifique a los responsables.
Oggero fue asesinada de cinco disparos cuando se encontraba en la puerta de su vivienda de Prusia al 6700. Sus hijos, de 4 y 11 años, presenciaron el ataque desde el interior de la casa. En el lugar se hallaron siete vainas servidas y los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado por el agresor, aunque determinaron que circulaba con una patente adulterada. Actualmente trabajan en la elaboración de un identikit y evalúan ofrecer una recompensa para obtener información que permita esclarecer el caso.
