El diseño institucional de la provincia de Mendoza podría enfrentar una de sus transformaciones más significativas desde el retorno de la democracia. En el ámbito de la Legislatura provincial comenzó a debatirse un proyecto de ley que propone eliminar de forma definitiva las elecciones legislativas de medio término, unificando la renovación de las bancas parlamentarias y de los concejos deliberantes cada cuatro años, en coincidencia con los comicios para cargos ejecutivos. El autor de la iniciativa, el senador provincial Néstor Majul (UCR), fundamentó la propuesta en la necesidad de dotar de mayor previsibilidad a las gestiones de gobierno, mitigar el permanente clima de campaña electoral que paraliza la agenda de mediano plazo y generar un ahorro directo superior a los 8.000 millones de pesos por cada turno electoral suprimido. El proyecto ya transita su debate en comisiones y busca cosechar consensos multipartidarios que habiliten su tratamiento en el recinto.
La reforma busca reconfigurar los incentivos de la dirigencia política local, modificando un calendario electoral que obliga a los funcionarios a alternar constantemente entre la administración y la campaña. «El objetivo central de esta propuesta es muy claro: eliminar la obligatoriedad de concurrir a las urnas cada dos años y unificar los turnos electorales para que los mendocinos votemos estrictamente cada cuatro años. Tras muchos años de militancia activa en la provincia, considero que es momento de dejar de hablarnos entre nosotros, de dejar de priorizar qué es lo que le conviene corporativamente a los políticos y empezar a pensar en el bienestar de la ciudadanía», expresó Néstor Majul en diálogo con FM Vos 94.5.
«Mendoza entra de manera virtual en campaña todos los años; de hecho, en departamentos como Maipú la actividad proselitista se inició tempranamente y esa inercia daña el sistema institucional. La lógica de medio término le quita previsibilidad a las gestiones de gobierno y obliga a las estructuras partidarias a discutir permanentemente la coyuntura, midiendo fuerzas internas en lugar de abocarse a la gestión. Bajo esta dinámica de confrontación constante, los proyectos estratégicos de mediano y largo plazo se vuelven imposibles de cumplir, tanto para quienes proponen políticas desde la oposición como para los ejecutivos que deben ejecutarlas», continuó exponiendo el senador.
Impacto presupuestario y el debate por la autonomía municipal
La unificación del calendario electoral prevé una drástica reducción del gasto público político, coordinando la renovación de los cuerpos legislativos comunales bajo una misma regla temporal. «Más allá del ordenamiento político, el factor del costo económico es determinante: organizar un proceso electoral de medio término demanda una inversión del Estado provincial que hoy ronda los 8.000 millones de pesos. Se suele argumentar que esta reforma beneficia exclusivamente al Poder Ejecutivo de turno, pero impulso esta ley desde una mirada institucional transparente, alejada de cualquier especulación partidaria o de conveniencia local. El proyecto plantea que la totalidad de los cargos provinciales y municipales se renueven en una única jornada electoral junto con la gobernación», indicó Majul.
«Esta modificación va en estricta consonancia con los debates vigentes sobre la autonomía municipal, incorporando un articulado que estipula que las cartas orgánicas y las renovaciones de los concejos deliberantes de los departamentos deberán ajustar sus esquemas a este nuevo parámetro de votación cada cuatro años, unificando los plazos de manera armónica en toda la provincia», añadió.
Búsqueda de consensos y ampliación de la agenda parlamentaria
La estrategia del oficialismo descarta un trámite exprés en la Legislatura, priorizando un cronograma de diálogo con las bancadas opositoras para robustecer el andamiaje constitucional de la reforma. «El proyecto se encuentra actualmente bajo el análisis técnico de las comisiones parlamentarias y nuestra premisa es recolectar la mayor cantidad de consensos posibles. Hemos iniciado conversaciones informales con diversos legisladores de la oposición y las expectativas son francamente muy buenas; existe una coincidencia madura en la necesidad de modernizar estas pautas. No tenemos un apuro ciego por forzar un tratamiento exprés en el recinto, preferimos recorrer los departamentos y explicar detalladamente la iniciativa», comentó el legislador al respecto.
«Las excelentes expectativas de diálogo abren la puerta a incorporar otras reformas instituciones pendientes con alto nivel de acuerdo multipartidario. Por ejemplo, algunos senadores de la oposición me han propuesto formalmente modificar la fecha de inicio del periodo de sesiones ordinarias, adelantándola al mes de marzo tal como ocurre en el Congreso de la Nación y en el resto del mundo, en lugar de sostener la tradición histórica de mayo. Hay una oportunidad para avanzar en un paquete de modernización legislativa coherente y consensuado», destacó en ese tramo de la entrevista.
Defensa de las PASO frente al escenario nacional
A diferencia de los proyectos de reforma electoral impulsados de manera enérgica por la administración federal, la iniciativa del oficialismo mendocino ratifica la plena vigencia de las primarias como una garantía indispensable de transparencia interna y democratización política. El argumento central de esta postura radica en el freno al «punterismo». El senador Néstor Majul se distanció de la propuesta nacional que busca suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas una herramienta metodológica clave para legitimar las candidaturas ante la sociedad y evitar que la oferta electoral quede confinada a negociaciones a puertas cerradas.
En el mismo sentido, la continuidad de este sistema representa una garantía de equidad para los dirigentes emergentes o con menores estructuras de capital. «Las PASO evitan el regreso de los viejos aparatos partidarios e internas cerradas donde los sectores con mayor capacidad de financiamiento corporativo o influencia territorial específica imponían candidatos a dedo», argumentó el legislador radical, defendiendo la horizontalidad que otorga el voto ciudadano frente a las lógicas de las corporaciones partidarias tradicionales.
Lejos de una defensa ciega del statu quo, la propuesta abre la puerta a una profunda reforma de financiamiento que atienda las demandas de racionalización del gasto público. El debate parlamentario local no elude la discusión económica, sino que apunta a revisar de manera exhaustiva el costo operativo y los mecanismos de financiamiento público de las internas, evaluando la introducción de topes y fiscalizaciones más rigurosas sobre las boletas, pero manteniendo inalterable el derecho al voto de la ciudadanía en la selección de los candidatos.
