La República Argentina atraviesa un proceso que, por su radicalidad, carece de precedentes en la historia democrática contemporánea. No asistimos a un simple ajuste fiscal o a una readecuación de prioridades presupuestarias; estamos ante un intento deliberado de desmantelar la arquitectura estatal que, con sus aciertos y errores, ha servido de base para el pacto social desde la recuperación democrática. Ante este escenario de desregulaciones extremas y retiro de las acciones oficiales, la pregunta que se impone con un peso gravitante es qué tipo de nación encontraremos el día después de que este ciclo concluya.
El actual modelo de gestión ha erigido la desatención del Estado como una virtud moral. La eliminación de organismos de control, el desfinanciamiento de la ciencia y la técnica, y la ruptura de los lazos de federalismo fiscal no son solo decisiones económicas; son actos de demolición institucional. Se está operando una transformación que busca que el Estado sea incapaz de intervenir en la realidad, incluso cuando el mercado falla o cuando las crisis sociales amenazan con desbordar la paz pública.
La preocupación central radica en el «mientras tanto» y en el «después». La administración actual ha decidido que la libertad solo se alcanza a través del retiro de lo público. Sin embargo, en el mundo real —lejos de las abstracciones teóricas de la academia— el retiro del Estado se traduce en desprotección. Cuando las entidades reguladoras desaparecen, la ley de la selva reemplaza al derecho. Cuando la inversión pública en infraestructura se detiene, se hipoteca la competitividad de las futuras generaciones. La pregunta sobre qué pasará cuando esta forma de gobernar se retire -porque todas son finitas- no es una especulación política, es una inquietud sobre la viabilidad misma de la Argentina como proyecto colectivo.
El vacío que se está generando en la administración pública nacional es un espacio que no se recupera con facilidad. Las capacidades estatales, el capital humano especializado y la memoria institucional de los organismos son activos que, una vez destruidos, requieren décadas para reconstruirse. Nos enfrentamos al riesgo de heredar un país desarticulado, donde las provincias y los municipios queden librados a su propia suerte en un contexto global de altísima volatilidad.
La democracia argentina ha sobrevivido a crisis económicas brutales, pero siempre bajo la premisa de que las instituciones eran el terreno donde se dirimen las soluciones. Hoy, esa premisa está bajo ataque. Si el día de mañana el país decide retomar una senda de desarrollo equilibrado y protección social, se encontrará con un instrumental estatal oxidado o directamente inexistente. La reconstrucción de la autoridad pública y del sentido de comunidad será la tarea más ardua que deba enfrentar la dirigencia que suceda a este experimento.
