Las calles de todo el país volverán a ser hoy el escenario de un reclamo que ya no le pertenece solo a los claustros, sino a la sociedad en su conjunto. La nueva Marcha Federal Universitaria no es un capricho corporativo ni una movida partidaria de ocasión; es la respuesta orgánica de una comunidad que entiende que, cuando se desfinancia la educación superior, se está hipotecando la única herramienta real de soberanía y ascenso social que nos queda.
En nuestro departamento, el impacto de esta crisis presupuestaria se siente con una nitidez dolorosa. La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y las delegaciones regionales no son simples edificios; son el motor que permite que el hijo de un trabajador rural o de un empleado de comercio pueda proyectarse como ingeniero, contador o docente sin tener que abandonar su tierra. El recorte no es solo un número en una planilla en Buenos Aires; en el interior, el desfinanciamiento se traduce en laboratorios que pierden insumos, en proyectos de investigación que se detienen y en una incertidumbre que asfixia el deseo de progreso de miles de jóvenes.
Si el presupuesto no alcanza para cubrir la luz, el mantenimiento básico o los salarios dignos de quienes forman a los futuros profesionales, se está destruyendo el estándar de calidad que hizo de la universidad argentina un faro en Latinoamérica. Gobernar con el desdén hacia el conocimiento es una forma de ceguera estratégica. No hay desarrollo posible para una nación que considera a la inversión educativa como un gasto suntuario.
Por eso, la movilización de este martes debería ser masiva. La masividad es el único antídoto contra el cinismo oficial que intenta reducir este conflicto a una disputa de planillas. San Rafael debe alzar la voz para decir que nuestra identidad está ligada a esas aulas, que el esfuerzo de las familias para que sus hijos estudien merece un Estado que esté a la altura y que la educación pública no se negocia en ninguna mesa de ajuste.
Hoy marchan los estudiantes y los docentes. Pero también marcha el abuelo que quiere ver a su nieto graduado, el empresario que necesita técnicos calificados y el ciudadano que sabe que, sin universidad pública, el futuro será un privilegio de pocos y no un derecho de todos. Es momento de defender lo que funciona, lo que nos enorgullece y lo que nos permite seguir creyendo que el mañana puede ser, a pesar de todo, un lugar mejor.
