Lo que comenzó el pasado domingo como un procedimiento vial más en San Rafael, terminó transformándose, con el correr de las horas, en un verdadero escándalo político e institucional. Un funcionario del gobierno provincial fue retenido por las fuerzas de seguridad tras constatar que conducía un Fiat Strada en un estado de ebriedad absoluto, superando con creces los límites punibles por la legislación vigente, y desplazándose además sin la documentación obligatoria que exige la ley de tránsito.
El hecho se registró durante la jornada dominical, cuando el involucrado fue interceptado en un control vial de rutina en la calle Carlos Washington Lencinas de nuestra ciudad. Al momento de exigirle las credenciales correspondientes, los inspectores y efectivos policiales comprobaron que el conductor no poseía licencia de conducir habilitante ni la póliza de seguro obligatorio del automotor. Ante los evidentes signos de alteración que presentaba, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado categórico y alarmante: más de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que cuadriplica el límite permitido para conductores particulares y que roza el coma etílico. El hombre, de 40 años, fue detenido el día del hecho y liberado 48 horas después.
El protagonista del suceso es el abogado Diego Silvestre, que hasta ese momento era coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) en San Rafael, había sido recientemente designado por el gobernador Alfredo Cornejo como titular del Consejo de Minería, y también se desempeña como Conciliador Civil. En diciembre de 2025, en tanto, integró la lista de la Unión Cívica Radical como candidato suplente a concejal.
Según se supo, Silvestre habría renunciado en las últimas horas a su cargo en el ETI, aunque aún no habría hecho lo propio en el Consejo de Minería.
Falta de información veraz
El siniestro vial ocurrió el domingo, pero en el parte de novedades que el Ministerio de Seguridad distribuye diariamente a la prensa el lunes por la mañana, la información fue volcada de manera deliberadamente escueta, omitiendo datos filiatorios, cargos y cualquier precisión que permitiera identificar la gravedad institucional del hecho, reduciéndolo a una simple contravención menor de un ciudadano anónimo. De hecho, el imputado es identificado como “S. P.”.
Hizo falta que transcurrieran tres jornadas completas de hermetismo oficial y que el rumor se expandiera con fuerza en la comunidad para que, recién hoy, cuando el costo político de sostener el secreto era ya insostenible, saliera a la luz la verdadera identidad del imputado y su jerarquía en el organigrama del Estado. Esta retención selectiva de la información pública no hace más que profundizar la desconfianza de la sociedad civil hacia los canales oficiales de comunicación, evidenciando que los partes policiales diarios operan muchas veces como un filtro discrecional de información.
Los antecedentes de casos similares
–Miqueas Burgoa (por entonces concejal de Guaymallén): Miqueas Burgoa era concejal de Guaymallén cuando en mayo del año pasado fue encontrado conduciendo con 1,20 gramos de alcohol en sangre, en Bowen, General Alvear, después de una paella de la Unión Cívica Radical.
Los preventores dejaron constancia en el acta de infracción que Burgoa, y sus acompañantes, intentaron evitar que les secuestren el auto aludiendo que eran amigos del intendente Alejandro Molero. Junto al concejal guaymallino iba el asesor del senador Marcelino Iglesias, Emiliano Zunino Gobbi, Daniel Rodolfo Battaglia y Juan Ovidio Quistape.
Tras el hecho, Burgoa resistió en su cargo y lo mantuvo hasta el fin de su mandato, en abril de este año.
–Jorge Teves (extitular del Ente de Movilidad Provincial), fue demorado el 17 de enero de 2025 en Godoy Cruz abordo de un auto oficial, es decir, de la flota de vehículos del Estado provincial. Superaba el gramo de alcohol en sangre y, pese a su intento de zafar por su cargo, no lo logró y fue multado por $2 millones. Además, se lo inhabilitó a conducir durante cinco meses y a hacer una actividad con familiares de víctimas de tránsito. Un día después, sin resistir la presión, renunció a su cargo.
-Cristian Ochoa (exdirector de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán), el 13 de octubre pasado embistió a otro vehículo con 1,42 gramos de alcohol en sangre. Finalmente, Ochoa renunció tras la trascendencia que cobró el incidente.
–Martín Antolín (concejal sanrafaelino por el Partido Libertario). En noviembre de 2025, el edil fue aprehendido durante un control vial realizado sobre la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza, cuando circulaba a bordo de un BMW Z4. Los policías lo pararon y el dosaje le dio 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre y le secuestraron el vehículo. Antolín pagó la multa y zafó de su destitución.
–Gustavo Villegas, quien se desempeñaba como consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI). El hecho se produjo cerca de las 2 de la madrugada del 6 de febrero de 2026, cuando Villegas fue interceptado en un operativo de control policial de rutina en la avenida Libertador Sur, de General Alvear. Tras someterse al test de alcoholemia, el resultado arrojó que el funcionario superaba los límites permitidos por la Ley Provincial de Seguridad Vial. Concretamente, 1,28 g./l. Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y al traslado del infractor a la dependencia policial correspondiente para labrar las actuaciones de rigor.
Villegas optó por presentar su dimisión de manera inmediata ante el Superintendente de Irrigación.
