El senador provincial Walther Marcolini presentó un proyecto de ley que busca derogar la antigua normativa de Defensa Civil de 1972 para crear un sistema proactivo adaptado a los estándares internacionales del Marco de Sendai de la ONU y la ley nacional de SINAGIR.
La iniciativa, que llevó más de dos años de elaboración conjunta entre el poder legislativo, el Ministerio de Seguridad y sectores académicos de la Universidad Nacional de Cuyo, propone elevar el rango institucional del área a Subsecretaría, dividir la provincia en cuatro regiones operativas, confeccionar un Mapa de Riesgo vinculante actualizado cada tres años y constituir un fondo de financiamiento específico equivalente al 0,1% del presupuesto provincial. El proyecto tomará estado parlamentario definitivo en la próxima sesión legislativa para iniciar su debate en comisiones.
Del paradigma reactivo de la posguerra a la gestión proactiva del riesgo
La normativa vigente en la provincia responde a conceptos de planificación civil perimidos que priorizan la respuesta posterior al desastre por sobre la mitigación y la preparación comunitaria previa. «La complejidad de los riesgos contemporáneos de desastres y emergencias exige un cambio profundo de paradigma. Mendoza cuenta con una vieja Ley de Defensa Civil, la 3796, que data de 1972 y fue reglamentada en 1976. Si bien tuvo modificaciones parciales en 2003, hace falta adecuar de forma íntegra el marco normativo provincial. Debemos abandonar definitivamente ese viejo concepto con el que nació Defensa Civil tras la Segunda Guerra Mundial, que consistía en una respuesta reactiva frente a las emergencias, para pasar a una lógica proactiva orientada a la prevención, la reducción del riesgo y la construcción de comunidades resilientes», planteó Walther Marcolini de entrada.
«El proyecto se basa en los compromisos internacionales que la Argentina ha adoptado, específicamente el Marco de Sendai de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Este acuerdo global busca prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes, fortalecer la gobernanza y aumentar la preparación de las comunidades. A nivel nacional, esto se tradujo en la Ley 27.287 que creó el SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil). Tras un trabajo muy riguroso de más de dos años con la Dirección de Defensa Civil y equipos técnicos, logramos estructurar esta propuesta que adapta dichos estándares a la realidad geográfica, geológica y climática de Mendoza», amplió.
Descentralización, mapas de riesgo vinculantes y financiamiento garantizado
La propuesta legislativa introduce herramientas técnicas inéditas para la planificación urbana y un esquema de distribución de recursos diseñado para evitar la obsolescencia del equipamiento de rescate.
- Creación del Consejo Provincial: un órgano de máxima jerarquía institucional que será presidido de forma directa por el Gobernador de la Provincia.
- Regionalización Operativa: división del territorio mendocino en cuatro zonas de coordinación específicas: Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco y Zona Sur.
- Mapa de Riesgo Provincial: documento técnico de carácter vinculante para la planificación urbana que deberá actualizarse obligatoriamente cada tres años.
- Autonomía Financiera: los remanentes no utilizados de un ejercicio anual no retornarán a rentas generales, sino que se acumularán para la compra de insumos.
«Para que un sistema de protección civil sea verdaderamente eficiente en una provincia con nuestra extensión y diversidad geográfica, es fundamental avanzar en la descentralización. Proponemos dividir a Mendoza en cuatro regiones operativas: el Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y la Zona Sur. Además, la ley incorpora instrumentos técnicos de planificación que hoy no existen en el marco regulatorio actual, como el Plan Provincial de Protección Civil y el Mapa de Riesgo provincial. Este mapa no será una simple referencia decorativa, sino un instrumento técnico vinculante para el desarrollo de obras públicas, urbanizaciones y planes de contingencia departamentales», comentó Marcolini al respecto.
«La experiencia demuestra que si las leyes de emergencia no cuentan con recursos garantizados por fuera de la discrecionalidad política, es imposible dar una respuesta seria o capacitar al personal de manera continua. El proyecto estipula la creación de un fondo específico constituido por el 0,1% del presupuesto general de la provincia. A esto se sumarán los aportes nacionales del SINAGIR, financiamiento internacional y donaciones. Un aspecto clave es que los remanentes financieros que no se utilicen al cierre de un ejercicio anual no volverán a la caja de rentas generales de la provincia, sino que permanecerán en la subsecretaría para seguir engrosando los recursos destinados a equipamiento de alta tecnología y formación continua de los cuadros técnicos», destacó en diálogo con FM Vos 94.5.
Una provincia expuesta a la complejidad del territorio y el debate que viene
La vulnerabilidad sísmica, la expansión urbana en el piedemonte y el riesgo volcánico e hidrológico fundamentan la necesidad de acelerar el tratamiento de la norma en la Legislatura. «Mendoza convive con amenazas latentes y complejas que van mucho más allá de nuestro conocido potencial sísmico. Tenemos problemas aluvionales recurrentes, sequías prolongadas, incendios forestales cada vez más agresivos por el cambio climático, actividad volcánica y una creciente urbanización sobre el piedemonte que requiere regulaciones de seguridad estrictas. El evento sísmico o la catástrofe natural puede ocurrir en cualquier momento, la gran diferencia radica en cómo nos encuentra ese suceso: si nos halla sin recursos y desorganizados, o equipados, coordinados y con una sociedad civil debidamente formada en la prevención», expuso el senador provincial.
«El proyecto ya cuenta con estado parlamentario en la Legislatura. Durante la próxima sesión ordinaria de la semana entrante vamos a solicitar formalmente la preferencia con despacho para acelerar su tratamiento en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y en la de Hacienda y Presupuesto, dado que la norma prevé la afectación de recursos específicos. Esperamos lograr un debate sumamente rico, enriquecido por el aporte de todos los bloques políticos, la academia y los municipios, para obtener la media sanción en los próximos meses y avanzar rápidamente hacia su promulgación definitiva. Mendoza no puede seguir gestionando sus emergencias del siglo XXI con una ley pensada hace más de cincuenta años», completó.
