La cifra sobrecoge por su dimensión trágica y por la inercia de una realidad que rehúsa ceder: más de 80 mujeres han sido víctimas de femicidio en la provincia de Mendoza desde 2015 a la fecha. Detrás de este registro —elaborado por el colectivo Ni Una Menos ante la preocupante ausencia de estadísticas públicas oficiales— no hay meros números abstractos, sino vidas truncadas, familias devastadas y un síntoma doloroso de una violencia estructural que continúa interpelando con gravedad a toda la sociedad.
El informe revela, además, las falencias institucionales a la hora de abordar la problemática con la rigurosidad que exige. Resulta alarmante que deba ser la organización civil la que asuma la tarea de sistematizar la información para visibilizar la magnitud del flagelo. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, la integrante del colectivo Cecilia Soria fue categórica al respecto: «Decidimos hacer este trabajo que corresponde al Estado, pero que no ha sido resuelto porque todavía no hay estadísticas públicas al respecto». Su observación pone el foco en el primer eslabón de cualquier política pública seria: no se puede prevenir ni combatir lo que ni siquiera se mide de forma oficial.
A lo largo de este último decenio, la visibilización de estos crímenes permitió que los hechos comenzaran a nombrarse por su verdadera naturaleza y no bajo eufemismos del pasado. Sin embargo, el avance en la conciencia social choca hoy con un escenario complejo, signado por el desfinanciamiento de los dispositivos de asistencia, la escasez de recursos para la prevención y la proliferación de discursos que pretenden relativizar la especificidad de la violencia de género.
En departamentos como San Rafael y en todo el territorio provincial, la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad no puede quedar supeditada a recortes presupuestarios ni a debates ideológicos anacrónicos. La contención efectiva, el fortalecimiento de los refugios, la celeridad de las medidas cautelares y el seguimiento judicial riguroso son herramientas indispensables para evitar que las alertas tempranas terminen en tragedia. Garantizar el derecho a una vida libre de violencia es un deber constitucional insoslayable y una urgencia humana que exige la máxima responsabilidad del Estado.
