El proyecto de modificación de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional continúa generando debate en distintos puntos del país. Si bien la iniciativa finalmente no será tratada este miércoles en el Senado, uno de los aspectos que más controversia despierta es la propuesta de elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos de propietarios extranjeros.
En el caso del sur mendocino, el impacto potencial resulta significativo. Los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe abarcan en conjunto alrededor de 8,7 millones de hectáreas, por lo que el nuevo límite permitiría que hasta 2.175.000 hectáreas pudieran pertenecer a capitales extranjeros.
Actualmente, la superficie rural en manos extranjeras en toda la provincia de Mendoza alcanza las 1.343.983 hectáreas, equivalente al 9% del territorio provincial. De ese total, 900.133 hectáreas se encuentran en el sur mendocino.
Por departamentos, Malargüe concentra la mayor cantidad, con 608.739 hectáreas, lo que representa el 14,7% de su superficie. Le siguen General Alvear, con 170.570 hectáreas (11,8% del departamento), y San Rafael, con 120.816 hectáreas, equivalentes al 3,88% de su territorio.
Quienes cuestionan la iniciativa advierten que una eventual ampliación del límite no solo involucra extensas superficies rurales, sino también áreas consideradas estratégicas para la provincia.
ÁREAS ESTRATEGICAS
Entre ellas mencionan sectores de la cordillera, zonas de frontera internacional, espejos de agua, cabeceras de los ríos que abastecen al sur mendocino, el principal polígono minero provincial y los accesos al Paso Internacional Pehuenche.
Otro de los datos que suele aparecer en el debate es que un mismo grupo empresario de origen británico, con participación de capitales malayos, controla actualmente cerca de 500.000 hectáreas en el sur provincial, incluyendo el valle de Las Leñas.
Mientras el proyecto permanece a la espera de su tratamiento legislativo, el aumento del límite para la propiedad extranjera continúa generando posiciones encontradas. Desde el Gobierno nacional sostienen que la modificación apunta a favorecer inversiones y el desarrollo productivo, mientras que distintos sectores políticos y sociales advierten sobre la necesidad de preservar el control de áreas consideradas estratégicas para el país.


