En un contexto macroeconómico caracterizado por una marcha heterogénea —donde sectores tradicionales como la industria manufacturera, el comercio y la construcción atraviesan un severo aplanamiento de su actividad, mientras que la energía y la minería traccionan el crecimiento en diversas regiones del país—, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) oficializó la creación de un sector específico dedicado a Gas, Petróleo y Minería. La iniciativa institucional busca aprovechar la capilaridad federal de la entidad para vincular a la pequeña y mediana industria local con los proveedores de las grandes operadoras extractivas, derribando barreras asociadas a la falta de financiamiento, capacitaciones y certificaciones de calidad. Paralelamente, la conducción de esta nueva área analizó el fenómeno del megayacimiento de cobre Vicuña en San Juan —que aportará 250 millones de dólares en fondos ciegos de infraestructura antes de iniciar la producción—, cuestionó la eficacia constitucional de las leyes de compre local rígidas y advirtió sobre la brecha de certidumbre que existe entre las garantías otorgadas a los grandes inversores extranjeros a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la persistente inestabilidad que atemoriza a las pymes y ahorristas nacionales.
Dino Minnozzi, flamante titular de la secretaría de Gas, Petróleo y Minería de CAME, ofreció una mirada panorámica sobre la reconversión de la red pyme, el asociativismo regional y los desafíos de sostenibilidad fiscal y desarrollo en las provincias.
La paradoja de una economía a dos velocidades y el asociativismo pyme
Mientras la matriz industrial tradicional muestra capacidades ociosas en el conurbano bonaerense, Córdoba y Rosario, el eje extractivo del oeste argentino exige integraciones empresariales urgentes para evitar el desplazamiento frente a competidores externos. «Surgió la necesidad de crear este sector por una decisión del presidente de CAME, Ricardo Diab. Venimos trabajando en alianza con la Unión Europea y la Fundación Bariloche para la Patagonia en eficiencia y gestión energética. La Argentina hoy camina a velocidades muy distintas: no se puede comparar la realidad del petróleo y la minería con el desplome de la industria textil, la construcción o la manufactura«, diferenció Dino Minnozzi de entrada.
«Salvo Mendoza con el petróleo, que cuenta con una preparación industrial diferente, el resto del oeste argentino no tiene la capacidad instalada que poseen los cordones industriales de Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Muchas pymes metalmecánicas tienen la capacidad técnica para tomar contratos, pero quedan fuera por falta de capital de trabajo, capacitaciones o certificaciones de calidad. Hoy conseguir financiamiento bancario en la Argentina es carísimo, por lo que estamos trabajando con la Sociedad de Garantías Recíprocas y herramientas de capital de trabajo para que las pymes argentinas puedan ingresar a la minería y no ver cómo empresas extranjeras hacen trabajos que nosotros podríamos realizar», explicó en FM Vos 94.5.
Cobre y obras públicas: la millonaria apuesta de US$250 millones que consolida el modelo sanjuanino
El avance del proyecto minero Vicuña marca un hito en la transferencia de recursos privados para obras públicas regionales, garantizando una transformación permanente antes del agotamiento del recurso no renovable. «San Juan acumula una experiencia de más de 20 años en minería con la extracción de oro a través de Barrick y otras firmas. Ahora se puso en marcha el proyecto de cobre más grande de la historia argentina, con una alternativa inédita: acabamos de recibir de la empresa Vicuña un aporte de 250 millones de dólares para generar la infraestructura del corredor vial y energético del norte sanjuanino, lo que beneficiará a cinco departamentos», destacó Minnozzi.
«Es un aporte que la empresa realiza previo a la explotación y a la obtención de ganancias, sin ningún tipo de condicionamiento, administrado a través de un fideicomiso ciego con destino exclusivo a las obras necesarias para la región. Esto es fundamental, porque no se trata solo de desarrollar la minería, sino de desarrollar la provincia. Como se extrae un recurso no renovable, si cuando finaliza la explotación no queda una infraestructura de sostenibilidad permanente para la población, habremos hecho un mal trabajo», enfatizó.
La falacia de las leyes de compre local rígidas y la competitividad por licencia social
Frente a las pretensiones de legislar porcentajes obligatorios de contratación dentro de los límites provinciales, la entidad propone generar incentivos de mercado y el fortalecimiento de la oferta proveedora. «Desde mi punto de vista, el compre local obligatorio es más una expresión de deseos y una herramienta de licencia social que una realidad jurídica. No se puede armar una ley provincial que sea restrictiva de la Constitución Nacional impidiendo a una empresa privada contratar un servicio con quien quiera; esas leyes caen al primer planteo judicial», opinó el entrevistado al respecto.
«Lo que debemos lograr es un compromiso a través de la licencia social y generar las condiciones para que la empresa pyme esté a la altura. Si la empresa contratante decide buscar proveedores en otra jurisdicción, debe haber una reprobación social o bien un incentivo fiscal para quien contrate pymes locales. Pero para que las empresas de las provincias puedan competir, necesitan saber con antelación cuáles son los niveles, los tiempos y las etapas de inversión de los proyectos», expuso.
La brecha de certidumbre: del RIGI a la desconfianza pyme y del ahorrista
La certidumbre jurídica que exigen las grandes corporaciones transnacionales contrasta con la volatilidad que frena la inversión del capital local y consolida el atesoramiento fuera del circuito productivo. «Las grandes corporaciones mineras o petroleras son las que menos preocupadas están por los vaivenes políticos; están acostumbradas a extraer recursos en África, Arabia Saudita o países mucho más convulsionados que la Argentina. El problema de la incertidumbre política y económica pendular lo sufre el desarrollo de la economía local», observó Dino Minnozzi.
«La seguridad jurídica que hoy tiene una gran empresa minera a través de un instrumento como el RIGI no la tiene un mortal común en la economía interna. Mientras el Banco Central compró 13.000 millones de dólares para reservas, los argentinos han comprado 40.000 millones de dólares y los tienen guardados por el temor a la inestabilidad. Hasta que no tengamos una certeza de continuidad política y legal sobre el camino económico, las pymes locales van a seguir postergando sus inversiones de fondo», analizó al cierre del reportaje.
