El estado de deterioro de la red vial nacional ha dejado de ser únicamente un debate sobre infraestructura para convertirse en el eje de un duro frente judicial y legislativo. A través de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador mendocino Martín Aveiro, presidente de la Comisión de Obras Públicas, impulsó la citación formal e interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida responde a la falta de ejecución del Fondo Fiduciario del Sistema de la Seguridad Vial (SISVIAL), compuesto por asignaciones específicas del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según denunció el parlamentario, de un total recaudado de $1,5 billones destinado por ley exclusiva al mantenimiento y reparación de rutas, el Poder Ejecutivo sólo ejecutó el 25%, desviando el excedente de $1,2 billones hacia instrumentos de inversión financiera —como plazos fijos y bonos — para simular superávit fiscal. La presentación se acompañó de una denuncia penal en la justicia federal contra el titular del Palacio de Hacienda, las autoridades de Vialidad Nacional y los administradores de los fideicomisos en el Banco Nación.
La estructura del impuesto a los combustibles y la parálisis del SISVIAL
El marco regulatorio vigente establece que una porción del precio por litro de combustible comercializado en el país se destina a partidas con afectación específica, imposibilitando legalmente su reasignación hacia gastos corrientes u otros destinos del Tesoro Nacional. «Por ley, desde hace mucho tiempo se crea el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que toma un porcentaje del valor de la nafta y del diésel y lo divide en cuatro ítems: Seguridad Social; el FONAVI para la construcción de viviendas; obras de recursos hídricos para evitar inundaciones, puentes y defensas aluvionales; y el porcentaje mayor, que es el SISVIAL, el Sistema de la Seguridad Vial destinado a la reparación, construcción y mantenimiento de rutas nacionales», detalló Martín Aveiro al inicio del reportaje en Fm Vos 94.5
«El SISVIAL representa el 30% del impuesto a los combustibles. Cada vez que cualquier vecino carga un litro de diésel, unos 400 pesos corresponden a este tributo. Esos cuatro ítems deben depositarse obligatoriamente en un fideicomiso en el Banco Nación. No es plata del Tesoro Nacional ni de la partida presupuestaria de libre disponibilidad del gobierno; es un fondo específico creado por ley que no se puede tocar para ninguna otra cosa», señaló.
«Solamente para el SISVIAL, el gobierno nacional recauda un billón quinientos mil millones de pesos ($1,5 billones). Con ese dinero se podrían reparar cuatro veces 20.000 kilómetros de rutas golpeadas o construir 4.000 kilómetros nuevos, que es aproximadamente la totalidad de las obras públicas paralizadas en la Argentina», comparó.
«De ese total, sólo han ejecutado el 25%, equivalente a 300.000 millones de pesos. Todo el resto, la gestión nacional lo colocó en plazos fijos y en la compra de bonos del Estado para obtener rentabilidad financiera. Hacen timba financiera para decir después que tienen superávit fiscal. Ahí se demuestra que mienten; esto constituye una malversación de fondos y un uso indebido de recursos públicos«, denunció Aveiro en Fm Vos.
La investigación periodística, la denuncia penal y la citación en el Congreso
Tras reiteradas solicitudes de informes sin respuesta por parte de la Comisión de Obras Públicas, la confirmación oficial sobre la existencia de los fondos en depósitos a plazo derivó en acciones judiciales inmediatas y en un pedido formal de explicaciones en el recinto parlamentario. «Hace un año venimos denunciando esta situación desde la Comisión de Obras Públicas, pero no teníamos acceso a la información ni nos contestaban los pedidos de informes. Hace cuatro meses juntamos a 300 intendentes y varios ministros de Obras Públicas provinciales en las puertas del Ministerio de Economía, porque son los municipios los que terminan afrontando la emergencia, el corte de pasto, la seguridad y el mantenimiento de las rutas nacionales», comentó Aveiro.
«A partir de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, ingresamos un pedido de informes con datos precisos que ubicaban la plata en plazos fijos y bonos. Al día siguiente, el propio vocero presidencial lo confirmó públicamente diciendo que efectivamente tenían el dinero en plazos fijos. Ante ese sincericidio, presentamos la denuncia penal», declaró.
«La denuncia penal se radicó contra Luis Caputo, contra las autoridades de Vialidad Nacional y contra quienes administran los fideicomisos del Banco Nación. Además, en el análisis de la información descubrimos algo sumamente grave: cada vez que hubo votaciones sensibles en el Congreso, como la Ley Bases, la Ley de Glaciares o la Reforma Laboral, se registró una disminución notable en los fondos de estos fideicomisos para transferir partidas a gobernadores, algo totalmente ilegal porque ese dinero sólo puede ir a Vialidad o a pagar a contratistas de obras licitadas», enfatizó.
«Tuvimos una jornada de comisión de casi cinco horas donde expusieron más de 20 intendentes de todo el país, ministros de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ONGs como Estrellas Amarillas. Firmamos el proyecto para solicitar la interpelación de Luis Caputo en el recinto y su citación a la comisión para que dé explicaciones. Esto es malversación de fondos por donde se lo mire», sentenció.
Impacto en la red vial mendocina y propuesta de coparticipación a municipios
Más adelante, el diputado nacional detalló las consecuencias directas de la falta de mantenimiento en los corredores del centro y sur de Mendoza, advirtiendo sobre la superposición de tasas y sobrecostos que afrontan los ciudadanos, e impulsó un proyecto de ley para descentralizar los recursos del ICL. «Cuando tenés fondos con asignación específica creados por ley no los podés usar para rentabilidad financiera. A diferencia de un municipio como San Rafael, que puede colocar en plazo fijo fondos de la coparticipación para no perder contra la inflación porque son de su presupuesto general, estos recursos tienen un fin exclusivo que debió desviarse de inmediato al SISVIAL. La retención de esta partida no es neutra: tiene consecuencias directas y se traduce en muertes sobre las rutas«, apuntó.
«Hoy circulan 2.000 camiones por la Ruta 5 llevando arena desde Entre Ríos para el fracking en Vaca Muerta, y la calzada quedó destruida como un escenario de guerra. Encima sacaron un decreto que permite mayor peso y capacidad a los camiones por rentabilidad empresarial, sin importar las consecuencias sobre la infraestructura», objetó.
«Los mendocinos conocen perfectamente el estado de la ruta desde Tunuyán hasta San Rafael. El gobierno provincial está arreglando rutas con los fondos logrados mediante el juicio de resarcimiento histórico, pero no hay razón para que el vecino pague cuatro veces por lo mismo: paga el Impuesto a los Combustibles, paga la RTO, paga el Impuesto Automotor, paga IVA e Ingresos Brutos, le cobran las obras con fondos provinciales y ahora pretenden instalar peajes en todas las rutas. Si no van a ejecutar el fondo, que saquen el impuesto o que lo coparticipen», pidió.
«Presentamos una propuesta legislativa para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos directamente a los municipios en función de los metros cuadrados de rutas nacionales que atraviesan cada jurisdicción. Los intendentes son los que están en el territorio y los que van a garantizar que las rutas estén arregladas. Cada peso que el gobierno nacional no ejecuta en infraestructura vial es una decisión que contribuye a que sigan ocurriendo accidentes fatales«, manifestó al cierre de la entrevista que brindó a FM Vos (94.5).
