La intención expuesta por el Gobierno de Mendoza de desprenderse y subastar las aeronaves destinadas al sistema de mitigación aérea generó una dura reacción en el departamento de San Rafael. En diálogo con FM Vos 94.5, el concejal del Partido Justicialista, Francisco Perdigues, cruzó los dichos del ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, tildando de «poco seria» la propuesta de que los municipios adquieran los aviones. El edil denunció un traspaso indebido de competencias provinciales hacia las arcas comunales en un contexto de restricción presupuestaria, criticó el incumplimiento financiero del municipio de General Alvear en el fideicomiso compartido y expuso las fallas en los controles del Fondo Compensador Agrícola.
Inviabilidad financiera e imposibilidad legal de comprar aeronaves
Desde el bloque de concejales del PJ sanrafaelino remarcaron que el presupuesto municipal resulta sustancialmente menor solamente al del Ministerio de Producción provincial, tornando imposible que una comuna afronte la compra y posterior mantenimiento de bienes de alto costo operativo como los aviones de mitigación. Asimismo, Perdigues remarcó el límite constitucional que impide a las comunas generar nuevos impuestos para financiar el sistema. «Cuando la provincia se desprendió de la lucha antigranizo y se negó a seguir sosteniéndola, en San Rafael asumimos este método de mitigación. Nos dijeron que si demostrábamos que el servicio funcionaba y protegía la producción, la provincia en dos años lo iba a volver a llevar a cabo«, aseguró Francisco Perdigues al principio del reportaje.
«San Rafael hizo un esfuerzo enorme sostenido por todos los vecinos y quedó demostrado que el sistema sirve y funciona. Sin embargo, la Provincia aparece ahora con declaraciones del Ministro afirmando que no tienen intención de mantenerlo. Ningún municipio, con el presupuesto que maneja —y lo vemos a diario con los pedidos de adelanto de coparticipación—, está en condiciones de afrontar semejante costo por su cuenta», aseveró.
«Me parece que es una jugada del Gobierno de tratar de sacarse la responsabilidad de encima, como últimamente viene haciéndolo en todas las circunstancias que le corresponden, y trasladarle el problema a los municipios que están totalmente buscando la moneda mes por mes para hacer dar las cuentas. Es una mala jugada del gobierno y no creo que ningún municipio tenga el dinero suficiente para andar comprando aviones. No veo a nuestro municipio comprando un avión para hacer la lucha o para cualquier otro tema; un avión es un bien muy caro», sentenció.
«Pretender llevar adelante un servicio de esta magnitud, sostenido únicamente por los sanrafaelinos y con un socio que no cumple con sus aportes, lo vuelve casi imposible frente a proveedores que este año cotizarán mucho más caro. El presupuesto municipal es inferior incluso al del Ministerio de Producción, y aun así pretenden que compremos un avión para mantener el sistema a costa del bolsillo de los vecinos», remarcó.
«Cuando debatían la autonomía municipal, uno de los argumentos centrales era que las comunas no pueden crear impuestos. De hecho, los artículos 197 y 199 de la Constitución provincial ratifican exactamente lo mismo: los municipios están impedidos de cobrar impuestos y solo pueden percibir tasas como contraprestación por los servicios que prestan», puntualizó.
«Todos los mendocinos pagamos un impuesto Inmobiliario y Automotor con el que históricamente se fondeaba la lucha antigranizo. Pretender quitarse esa obligación y trasladársela a los municipios para que se la cobren mediante tasas a los sanrafaelinos me parece una absoluta locura», afirmó.
La mora de General Alvear y la crisis del fideicomiso compartido
En cuanto a la operatividad de las campañas anteriores, el edil expuso las dificultades ocasionadas por los retrasos en los pagos por parte de la Municipalidad de General Alvear, socio estratégico en la ejecución del fideicomiso conformado para la contratación de la empresa proveedora del servicio. «Cuando hablo de un socio que no cumple me refiero puntualmente al municipio de General Alvear. La temporada de mitigación concluyó en marzo y, según su esquema de pagos, ellos consideraban haber finalizado en agosto; pero al no haber imputado las partidas como correspondía, el municipio de San Rafael deberá iniciar el reclamo por las sumas adeudadas», informó Perdigues.
«Aún no terminan de cancelar lo del fideicomiso que se había hecho con la empresa proveedora y estamos en septiembre. Al municipio nos deben estar debiendo más o menos entre 50, 60 o 70 millones de pesos, y al fideicomiso creo que le están debiendo entre 250 y 300 millones de pesos. Con un socio así es imposible llevar adelante cualquier método para evitar contingencias», agregó.
Desprotección productiva, impacto turístico y fallas en los controles estatales
Finalmente, Perdigues advirtió sobre las severas consecuencias patrimoniales que causará la falta de mitigación aérea durante la temporada estival, afectando no solo al sector agrícola sino también a la infraestructura urbana y la actividad turística. A su vez, cuestionó las inconsistencias del Fondo Compensador Agrícola y responsabilizó a la administración provincial por las fallas en sus propios mecanismos de fiscalización. «El sistema de mitigación da resultados demostrados en la reducción del tamaño del granizo. Si bien las tormentas no se pueden evitar, esta herramienta beneficia a la producción, a los vecinos y fundamentalmente al sector turístico. No quiero ni imaginar lo que puede suceder este verano sin la lucha antigranizo cuando una tormenta afecte a los visitantes cerca de la ciudad, o cause severos daños en las viviendas, los vehículos y las fincas», coincidió el concejal.
«A la producción lamentablemente la castigan por todos lados. El Fondo Compensador es más caro en el sur que en el norte. Establecieron que aquellos que habían tenido tres indemnizaciones en los últimos cinco años no podían ingresar, y resulta que ahora el discurso es que lo van a auditar», indicó.
«Para auditar el Fondo Compensador, la gente debe saber que el Estado ya cuenta con múltiples controles previos antes de realizar cualquier desembolso: el control de gestión de la Ley de Administración Financiera, la Auditoría Interna de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, un Consejo Ejecutivo, supervisores de campo, la Dirección de Contingencias Climáticas y el perito que constata el siniestro en la finca», enumeró.
«Resulta insólito que, teniendo siete instancias de control estatal, argumenten ahora que algunos pícaros cobraron en tres oportunidades durante los últimos cinco años para dejarlos fuera del Fondo Compensador. Seamos claros: si esto ocurrió, lo que falló fue el propio sistema de fiscalización de la Provincia. Y a esos mismos productores, para colmo, pretenden quitarles ahora la mitigación de la lucha antigranizo. Está todo planteado en contra de la producción, a favor no hay absolutamente nada», expresó Francisco Perdigues al cierre de la nota.
