El Poder Legislativo de Mendoza otorgó sanción definitiva a la denominada «ley antiaguantaderos», un marco regulatorio que otorga jerarquía legal a los procedimientos de intervención, tapeo y demolición de inmuebles abandonados o usurpados que funcionan como bases operativas de la delincuencia. La normativa faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a actuar administrativamente sobre propiedades en ruinas donde se planifican ilícitos, se ocultan elementos robados o se ejercen actividades como la prostitución, previendo la derivación al Ministerio Público Fiscal en caso de oposición de los propietarios. En diálogo con FM Vos (94.5), el senador provincial Leonardo Yapur (UCR) brindó detalles sobre los alcances del texto, los antecedentes de aplicación en el Gran Mendoza, los mecanismos de coordinación con los municipios y el balance de expedientes tramitados hasta la fecha.
Bases operativas del delito, proceso administrativo y resguardo del derecho de propiedad
La legislación busca dotar de fuerza de ley a una estrategia de seguridad pública orientada a desarticular los puntos neurálgicos utilizados por bandas criminales, diferenciando claramente entre viviendas con ocupación permanente e inmuebles en ruinas o abandonados con tránsito delictivo. «Es una ley que obtuvo sanción definitiva tras su paso por ambas Cámaras. Si bien se la conoce popularmente como ‘ley antiaguantaderos’, en realidad lo que permite es la intervención y demolición de inmuebles que sean usurpados o hayan sido utilizados por delincuentes. Necesitamos impulsar y fortalecer esa política de seguridad concreta, que significa ir a los lugares que el delito usa como base operativa para esconderse y organizarse», explicó Leonardo Yapur al principio del reportaje.
«Dicha ley implica desde el principio un proceso administrativo respaldado por documentación que permita comprobar la situación y llevar adelante un procedimiento técnico-policial, para después notificar a los propietarios y proceder a la demolición o al cierre completo del lugar por cuenta del Ministerio de Seguridad. Hay que diferenciar los casos: no son lugares que se usen como morada permanente, sino inmuebles no ocupados todo el tiempo, donde entran y salen, viejos, abandonados y en malas condiciones, que los vecinos denuncian porque se llevan cosas robadas, se planifica el delito o se ejerce la prostitución», detalló.
«Como bien puede ocurrir que el propietario se oponga porque no ha podido invertir en la propiedad pero no desea que se la tiren abajo, la ley no habilita un desalojo administrativo automático en ese escenario. Lo que ocurre en ese caso es que se le da intervención posterior a la justicia para que actúe, articulando con el Ministerio Público Fiscal para que sea la autoridad judicial la que autorice el derrumbe por razones de orden público», aclaró.
Alternativas de intervención, reconversión municipal y recuperación del espacio público
Junto con la demolición de estructuras edilicias que presentan riesgo de colapso, el texto prevé medidas intermedias como el tapeo perimetral y fomenta el trabajo conjunto con los municipios para transformar los terrenos intervenidos en espacios comunitarios. «Las cuestiones previas siempre son las investigaciones de la policía, las intervenciones y detenciones. Pero también hay que evaluar las condiciones del inmueble. Se puede tapear y cerrarlo completamente, aunque muchas veces nos encontramos con casos de construcciones que corren serio peligro de derrumbe», aseguró Yapur.
«Un ejemplo concreto ocurrió en el mes de julio de este año en el departamento de Guaymallén, en el barrio Paraguay, donde el Ministerio de Seguridad intervino en una construcción donde se realizaban actividades delictivas. Tras completar el proceso, se procedió a la demolición y se avanzó rápidamente en coordinación con la Municipalidad de Guaymallén, que hoy está transformando y recuperando ese espacio para los vecinos. Ese es el camino: sacar la delincuencia de un lugar, recuperarlo y convertirlo en un espacio mejor para todos», destacó.
Estadísticas del programa y entrada en vigencia de la norma
La promulgación de la ley otorga rango legislativo a un programa administrativo que el Poder Ejecutivo venía ejecutando desde 2025, el cual ya cuenta con decenas de expedientes tramitados y múltiples demoliciones concretadas en diversos municipios del Gran Mendoza. «Desde el año 2025 se puso en marcha un programa de seguridad pública de intervención administrativa sobre propiedades abandonadas o vinculadas a situaciones que afectan la seguridad, al cual le estamos dando ahora carácter de ley. Desde ese momento hasta la fecha se han iniciado 60 expedientes y se han concretado 23 intervenciones efectivas», precisó el legislador oriundo de San Rafael.
«De esas 23 intervenciones, hay 13 demoliciones concretadas en departamentos como Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras; cuatro inmuebles fueron tapeados por completo y en otros seis se intervino con medidas preventivas para evitar que sigan siendo utilizados como aguantaderos», puntualizó.
«Al tener ya la sanción definitiva de ambas Cámaras, la ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior reglamentación. Entiendo que quedará plenamente vigente a partir de la próxima semana, o antes si el gobernador decide promulgarla anticipadamente», completó.
