Ayer, dos indicadores clave emitidos casi en simultáneo —el salto del riesgo país a su nivel más alto en lo que va del año y el desplome de la confianza en el Gobierno, que iguala su peor medición histórica— componen una radiografía lapidaria. Pretender adjudicar este malestar a una supuesta campaña periodística en contra no es más que un ejercicio de negación infantil; los mercados financieros y la ciudadanía no operan por capricho mediático, sino por la cruda contundencia de los resultados cotidianos.
El termómetro financiero marca una tensión inocultable. El repunte del riesgo país por encima de los 600 puntos básicos refleja la desconfianza de los inversores ante un modelo que acumula asimetrías, con reservas que no despegan y un plan económico atado con alambres.
Pero el dato verdaderamente demoledor no cotiza en la Bolsa de Nueva York: habita en el humor social. La caída abrupta en los índices de respaldo a la administración de Milei que publicó la Universidad Torcuato Di Tella demuestra que el ajuste permanente, la licuación de ingresos y la recesión prolongada han comenzado a quebrar el crédito político que pacientemente otorgó una franja mayoritaria de la sociedad.
Esta pinza entre la desconfianza de los mercados y el hastío de la calle golpea con especial crudeza en el interior del país y, allí, los eufemismos discursivos del poder central suenan a burla. Ya no hay relato épico que alcance para disimular la erosión del poder adquisitivo ni la parálisis de la actividad privada.
La pérdida de confianza ciudadana no es una anomalía creada por la prensa, sino la consecuencia lógica de un rumbo que desoye las urgencias del pueblo. Cuando el Estado se retira, la obra pública brilla por su ausencia y las cargas impositivas o tarifarias se tornan insoportables, la legitimidad política se evapora.
El Gobierno nacional enfrenta su hora más difícil porque sabe (o debería saberlo) que en cualquier relación la pérdida de confianza es un naufragio inminente para ese vínculo.
