La Asociación de Trasplantados Mendoza avanzará con una presentación judicial contra el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud por el incumplimiento de la Ley 9.199, mediante la cual Mendoza adhirió en 2019 a la Ley nacional 26.928, que establece un régimen de protección integral para las personas trasplantadas y aquellas que se encuentran en lista de espera. Así lo explicó Claudia Correa, referente de la asociación, quien aseguró que llevan más de seis años reclamando la aplicación efectiva de la normativa sin obtener respuestas que resuelvan la problemática.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), Correa sostuvo que la organización agotó las instancias de diálogo con las autoridades sanitarias y que, ante la falta de soluciones, decidió recurrir a la vía legal. Según indicó, están terminando de reunir la documentación necesaria para presentar un amparo por el incumplimiento de la ley.
La referente recordó que la adhesión provincial fue el resultado de un proceso de lucha de varios años. La normativa contempla derechos vinculados con el transporte, la medicación, la atención médica, la vivienda y el trabajo, con el objetivo de brindar protección a un sector que enfrenta necesidades particulares después de recibir un trasplante o mientras espera uno.
“Llevamos una lucha de más de seis años para que Mendoza cumpla la ley a la cual se adhirió, a la ley nacional”, afirmó Correa, quien explicó que durante este tiempo mantuvieron reuniones con diferentes ministros de Salud y participaron de distintas instancias de diálogo.
Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es la situación de las personas que viven lejos de los centros de trasplante, ubicados en Mendoza. Correa señaló que estos pacientes deben trasladarse periódicamente para realizarse controles médicos y que las dificultades para llegar a las instituciones sanitarias pueden comprometer el seguimiento de su salud.
Las frecuencias de los controles varían según cada caso, pero pueden ser mensuales o cada dos meses. A esto se suma la necesidad de recibir medicación inmunosupresora durante toda la vida, un tratamiento fundamental para las personas trasplantadas.
“Estamos teniendo muchísimos problemas con la gente alejada de los centros de trasplante”, explicó. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la imposibilidad de cumplir con las consultas médicas programadas y remarcó: “Eso es todo un riesgo”.
Correa también explicó que la Ley 26.928 surgió para cubrir necesidades que no quedaban contempladas de manera adecuada en el régimen de discapacidad. Según detalló, las personas que atraviesan una enfermedad crónica terminal pueden contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero, una vez trasplantadas, dejan de ser consideradas personas con discapacidad por esa condición, lo que genera diferencias en el acceso a determinados derechos.
La normativa nacional busca brindar una protección integral que contemple las necesidades específicas de quienes recibieron un trasplante y de quienes aguardan uno. Sin embargo, según denunció la referente, los beneficios previstos no se encuentran efectivamente garantizados en Mendoza.
De acuerdo con los datos aportados por Correa, en la provincia hay actualmente 2.304 personas trasplantadas de órganos y tejidos. Si se incorporan las personas que recibieron trasplantes de médula ósea, la cifra rondaría las 2.500.
La referente consideró que se trata de una comunidad vulnerable que necesita respuestas concretas para poder acceder a los derechos contemplados en la legislación. Además, señaló que las respuestas recibidas durante las distintas gestiones fueron contradictorias y que ninguna permitió resolver los problemas planteados.
“Seguimos en el mismo círculo de que las respuestas no son las indicadas. Y tampoco recibimos ningún tipo de solución a la problemática que presentamos”, expresó.
Ante este escenario, la asociación decidió avanzar con la preparación de un amparo contra el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud. Correa explicó que la presentación requiere reunir información y documentación.
Como parte de las acciones previstas, la organización también presentará una nota ante la Comisión de Derechos y Garantías de las cámaras de Diputados y Senadores de Mendoza. La presentación está prevista para el martes y buscará poner el reclamo en conocimiento de los legisladores. Según anticipó Correa, una vez que sean convocados a una reunión, realizarán una conferencia de prensa para comunicar públicamente la medida judicial.
La referente insistió en que el objetivo es lograr que se cumpla una ley a la que la provincia ya adhirió y que, según su planteo, continúa sin brindar respuestas efectivas a las necesidades de las personas trasplantadas.
Al finalizar, agradeció el espacio para visibilizar la situación y recordó que quienes recibieron un trasplante tuvieron una segunda oportunidad de vivir, pero todavía deben luchar para que sus derechos sean respetados. “Y que tengamos que seguir luchando por nuestros derechos, cuando tendríamos que estar disfrutando la vida”, concluyó.
