El 24 de abril de 2024, un conocido periodista nacional afirmaba, según datos que decía conocer, que el 50 % de los estudiantes de Medicina de la UBA había votado a Javier Milei. Podría tratarse de un dato aislado, pero seguramente reflejaba una tendencia que alcanzaba a otros sectores de la comunidad universitaria.
Desde entonces se instaló una afirmación tan injusta como engañosa: que las universidades públicas no se dejaban auditar. Un argumento que se difundió rápidamente en las redes sociales para justificar el desfinanciamiento y alimentar la idea de que nuestras universidades eran espacios de despilfarro y falta de controles.
Lo preocupante fue que muchos integrantes de la propia comunidad universitaria aceptaron ese discurso como una verdad.
Quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno universitario sabemos que existen mecanismos de control y rendición de cuentas sobre los recursos públicos. Podrán existir errores e ineficiencias, pero de ninguna manera puede afirmarse que las universidades administran sus presupuestos sin controles.
El 15 de octubre de 2026, una nueva marcha universitaria volvió a convocarnos frente al desfinanciamiento que amenaza seriamente el funcionamiento de nuestras instituciones. Y resulta inevitable pensar que muchos de quienes hoy padecen sus consecuencias acompañaron electoralmente un proyecto político que había anticipado buena parte de estas decisiones.
Y entonces surge una pregunta que me interpela profundamente: ¿en qué nos equivocamos?
Después de tantos años de lucha por consolidar una universidad pública como herramienta de ascenso social, capaz de formar profesionales y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, ¿cómo llegamos a esta situación?
¿En qué nos equivocamos para que estudiantes y profesores no comprendieran el valor de aquello que tienen? ¿Para que el odio, la mentira y la desinformación encontraran tierra fértil precisamente en los claustros donde deberían prevalecer el conocimiento, el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad?
¿En qué nos equivocamos cuando formamos profesionales que hoy despotrican contra la misma universidad pública que les permitió alcanzar su formación? Algunos de ellos, convertidos en legisladores provinciales y nacionales, parecen haber olvidado su origen y subordinan sus decisiones a las instrucciones del poder político. ¿Dónde quedaron la independencia de criterio, la responsabilidad intelectual y la dignidad de defender aquello que se considera verdadero?
Y mientras tanto, ¿hasta dónde llegará esta situación? ¿Hasta cuándo podrán sostenerse docentes con salarios que no alcanzan, laboratorios sin insumos suficientes, investigaciones que se interrumpen y facultades que deben afrontar costos cada vez mayores de energía y servicios?
Porque una universidad no se destruye solamente cuando se cierran sus puertas. También se la destruye cuando pierde a sus mejores docentes, cuando se deterioran sus laboratorios y cuando enseñar e investigar dejan de ser posibles.
Y recuperar todo eso demandará mucho más tiempo que el necesario para destruirlo.
Pero quizás debamos volver la mirada hacia nosotros mismos. Quienes tuvimos la responsabilidad de enseñar y conducir nuestras universidades también debemos preguntarnos en qué nos equivocamos.
Tal vez nos preocupamos demasiado por transmitir conocimientos y no lo suficiente por formar ciudadanos capaces de comprender el valor social de esos conocimientos. Quizás dimos por sentado que quienes transitaban nuestras aulas entenderían naturalmente el significado de la universidad pública y su responsabilidad con la sociedad que la sostiene.
No tengo todas las respuestas. Pero estoy convencido de que debemos hacernos estas preguntas.
Quizás nuestro mayor error haya sido creer que formar buenos profesionales era suficiente, olvidando que también debíamos formar buenos ciudadanos.
Porque cuando pase este tiempo, no alcanzará con recuperar los presupuestos, los salarios y los laboratorios.
También tendremos que reconstruir la conciencia del valor de la educación pública.
