Cuesta atravesar un fin de semana del fútbol sanrafaelino sin que algún episodio de violencia termine disputándole protagonismo a la pelota. Entre diferentes divisiones y categorías, los escándalos se repiten y alimentan una peligrosa costumbre: indignarse por lo ocurrido hasta que el siguiente incidente desplaza al anterior.
Hace menos de un mes, un jugador de la reserva de Balloffet golpeó a un árbitro y recibió diez años de suspensión. Este domingo, la jueza de línea Janet Cobos terminó tendida en el césped tras una agresión durante el encuentro entre Salto de las Rosas y Monte Comán. También hubo incidentes al finalizar el clásico entre Pedal y Huracán del viernes pasado. Son hechos diferentes, pero todos expresan una dificultad cada vez más evidente para convivir dentro y fuera de una cancha.
Es destacable que la Liga Sanrafaelina busque recuperar los partidos con ambas parcialidades, las tribunas llenas y el encuentro de las familias. Pero esa intención necesita condiciones concretas para sostenerse. Habilitar el ingreso de las dos hinchadas exige prevención, controles y responsables de seguridad preparados y comprometidos. La fiesta no se garantiza solamente abriendo las puertas.
También corresponde mirar hacia adentro del campo. Jugadores que practican el mismo deporte, que incluso pueden compartir equipo en otra temporada, convierten por momentos la disputa de una pelota en una confrontación personal. Ganar o perder forma parte del juego. Lastimar al rival o atacar a quien aplica el reglamento supone romper el acuerdo más elemental que permite jugarlo.
Sobre los árbitros pesa, además, una sospecha instalada: el error rara vez se admite como una posibilidad humana y rápidamente se interpreta como una maniobra. Desde las discusiones del fútbol nacional hasta una cancha de distrito, abundan las acusaciones de arreglos y favoritismos, muchas veces sin pruebas. Ese clima no explica por sí solo una agresión, pero contribuye a presentar al árbitro como un enemigo.
Nada de eso significa que el arbitraje deba quedar fuera de la crítica ni que las instituciones estén exentas de rendir cuentas. Significa que cuestionar una decisión no habilita a perseguir, amenazar o golpear. Cuando esa frontera se borra, cualquier fallo discutido puede convertirse en una excusa.
Las sanciones son necesarias, pero llegan después del golpe. La responsabilidad de clubes, dirigentes, jugadores, público y encargados de seguridad también está en impedirlo. Porque si cada fin de semana terminamos hablando de agresiones, corridas y personas hospitalizadas, habrá que preguntarse cuánto lugar le estamos dejando al fútbol.
