Tras meses de tensiones políticas, vetos presidenciales y reclamos judiciales por las bajas masivas en las pensiones no contributivas por invalidez laboral, el Congreso Nacional se encamina a sancionar una nueva normativa que busca ordenar el sistema y regularizar las deudas con los prestadores del sector. En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, el especialista en seguridad social de Mendoza y exjefe regional de Cuyo de la ANSES, Carlos Gallo, analizó el trasfondo del conflicto desde el inicio de las auditorías oficiales, explicó los alcances de la ley que ya cuenta con media sanción de Diputados y se tratará este jueves en el Senado, y advirtió sobre las graves falencias administrativas que mantienen paralizados los nuevos trámites y dejan en situación de extrema vulnerabilidad a cientos de mendocinos.
El origen del conflicto: auditorías cuestionadas y trabas administrativas en Mendoza
Gallo trazó un repaso del escenario abierto desde el inicio de la actual gestión nacional, señalando que las denominadas auditorías funcionaron en la práctica como bajas masivas de pensiones bajo el argumento de supuestas irregularidades que nunca fueron probadas públicamente ante la sociedad. “Se generó una trampa administrativa. A muchas personas les suspendían la pensión sin que les llegara la notificación, a vecinos de San Rafael los citaban a oficinas de Godoy Cruz, o los enviaban a acreditar documentación en la Agencia Nacional de Discapacidad en Mendoza cuando ya habían despedido a todos sus trabajadores y no había nadie para atenderlos”, denunció.
“El único antecedente que se mostró públicamente fue aquella imagen que exhibió Adorni con la radiografía de la columna de un perro, sobre la cual luego trascendieron unos audios atribuidos a Spagnuolo —que inicialmente los reconoció como propios, aunque la Justicia terminó declarando que eran falsos— donde se señalaba que esa placa jamás había sido aprobada para otorgar una pensión. Más allá de esas idas y vueltas, en el fondo el Gobierno nunca pudo corroborar ni expuso públicamente ante la sociedad cuáles eran esas supuestas irregularidades”, amplió.

La nueva ley en el Senado: actualización del nomenclador y pago a prestadores
Frente a la presión ejercida por la oposición, los gobernadores y las entidades sectoriales tras vetos previos e intervenciones judiciales, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley muy similar al impulsado por sectores opositores. “El gobierno terminó enviando un proyecto muy similar al que planteaba la oposición; tuvo aprobación casi unánime en Diputados y se espera que este jueves reciba el mismo respaldo en el Senado, lo que aportará mayor previsibilidad al sistema”, destacó.
“La presión política de los prestadores —kinesiólogos, psicólogos, transportistas e instituciones— terminó de torcer el brazo del oficialismo. La ley obliga al Estado a establecer en 30 días un cronograma para pagar las deudas acumuladas en un máximo de 90 días y actualiza el nomenclador por inflación igual que las jubilaciones”, detalló.
Pensiones aún suspendidas en Mendoza, parálisis de altas y trámite de rehabilitación
Pese a los avances legislativos, Gallo advirtió que persisten dos problemas graves que la ley no resuelve de inmediato. Por un lado, precisó que aún continúan suspendidas alrededor de 12.000 pensiones en todo el país y cerca de 700 en la provincia de Mendoza. Por otro lado, denunció una parálisis total en el otorgamiento de nuevos beneficios. “Aunque la ley traerá mejoras importantes, en Mendoza todavía quedan alrededor de 700 pensiones suspendidas sin rehabilitar, y además existe un problema silencioso: a quienes tramitaron una pensión nueva en los últimos dos años directamente no se les está otorgando ni dando respuesta”, reclamó.
“Para pedir la rehabilitación hay que sacar turno y presentar la documentación en ANSES, pero ANSES es solo una oficina receptora y pagadora; todo el expediente viaja a Buenos Aires al Ministerio de Salud, que es quien evalúa y define si restituye el cobro”, comentó.
“Estamos hablando de un beneficio equivalente al 70% de una jubilación mínima con el que personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad logran sobrevivir; suspenderles esa prestación las coloca prácticamente al límite del riesgo de vida”, expresó con preocupación al finalizar el reportaje.


