Durante 17 años, Mary Kenneally trabajó como costurera en una empresa de Cork, Irlanda, donde era considerada una empleada confiable y comprometida. Sin embargo, en diciembre de 2024, a los 67 años, perdió su trabajo después de que le redujeran la jornada laboral y le impidieran realizar tareas desde su casa. El caso llegó a la Comisión de Relaciones Laborales de Irlanda (WRC), que el 22 de junio de 2026 declaró injustificado su despido y ordenó indemnizarla.
Trabajó durante 17 años en la misma empresa, pero todo cambió cuando le redujeron los días
Mary había comenzado a trabajar en la empresa en 2007. Durante sus primeros diez u once años, según declaró, nunca recibió un contrato escrito. Recién en 2018 le hicieron firmar un documento que, de acuerdo con su testimonio, era necesario para cumplir con un trámite gubernamental.
En mayo de 2024, mientras estaba de vacaciones, recibió una noticia inesperada: su semana laboral pasaría de cuatro días a tres a partir de agosto. Además, le prohibieron llevarse prendas a su casa para terminar los arreglos, una práctica que sus compañeras podían seguir realizando.
Por entonces, otro comercio le había ofrecido un empleo de tiempo completo. Según el relato de la trabajadora recogido en el expediente, cuando su empleador se enteró, respondió: “No podemos perder a Mary”.
La mujer decidió permanecer en la empresa, pero aquella oportunidad laboral terminó siendo ocupada por otra persona. Meses después, también perdió el puesto que había conservado durante casi dos décadas.
Sus compañeras intentaron evitar el despido, pero el dueño ya había decidido su salida
- Durante 2024, la compañía contrató nuevas costureras, entre ellas trabajadoras llegadas de Ucrania. A fines de septiembre, según declaró la encargada Marie McCarthy, el propietario le comunicó: “Mary se va en diciembre”.
- La noticia provocó preocupación entre sus compañeras. El 12 de noviembre, tres trabajadoras enviaron una carta al dueño para pedirle que reconsiderara lo que describieron como una “renuncia forzada”.
- El reclamo no tuvo efecto. El 12 de diciembre de 2024 fue el último día de Mary en la empresa, sin que recibiera una carta formal de despido ni documentación que explicara su desvinculación, según su testimonio.
- La compañía justificó la salida mediante una supuesta edad de jubilación obligatoria incluida en el documento que la costurera había firmado en 2018.
Le reconocieron una indemnización por despido injustificado, pero todavía enfrenta un problema
La funcionaria de la WRC encargada del caso, Lefre de Burgh, consideró inválido el documento de 2018 y concluyó que la empresa había intentado desmantelar gradualmente la relación laboral.
También calificó el trato recibido por la trabajadora como “excepcionalmente mezquino” y cuestionó que sus condiciones laborales hubieran sido modificadas unilateralmente.
La resolución le reconoció 67.000 euros por despido injustificado, además de compensaciones por la reducción de su jornada, descansos trabajados sin remuneración e irregularidades en sus condiciones contractuales.

Sin embargo, la decisión favorable no resolvió su situación económica. Mary declaró que gozaba de buena salud, que quería continuar trabajando y que tenía una hipoteca. Además, no había conseguido otro empleo después de su salida.
A esto se sumó otro obstáculo: la empresa entró en liquidación. Según informó el liquidador durante el procedimiento, las compensaciones podrían tener que abonarse mediante el fondo nacional de insolvencia de Irlanda.
Así, después de 17 años de trabajo y de conseguir una resolución favorable, Mary todavía enfrentaba la incertidumbre de cobrar el dinero reconocido por el organismo laboral.


