El Gobierno nacional ordenó recientemente el congelamiento de precios de una canasta de 1.247 productos, medida que tendrá vigencia hasta el 7 de enero. Que los comerciantes cumplan con este congelamiento requiere un control y sobre cómo se ejecutará en Mendoza, brindó algunos detalles a FM Vos (94.5) José Cortez, director de Fiscalización y Control de la Provincia.
Sobre la implementación de la medida, el funcionario señaló primeramente que “el trato del Gobierno nacional ha sido bastante irrespetuoso, porque las tareas que hace la Dirección de Fiscalización y Control son múltiples, es una dirección que básicamente tiene control en la agroindustria de Mendoza; el control del comercio es otra de las funciones según las leyes nacionales, que tienen que ver con la lealtad comercial y la metodología legal, y el control de precios no es una función permanente, no existe ninguna ley que indique que se tienen que controlar los precios, sino que son disposiciones transitorias (como en este caso), entonces se supone que hay que hacer un pedido de colaboración a quienes finalmente lo terminan haciendo, que son los organismos provinciales, pero no ha habido por parte del Gobierno nacional ningún pedido ni un envío de documentación, la verdad es que ha sido bastante descortés”. Considera que se le ha dado al Gobierno el plazo prudencial, a fin de recibir la documentación necesaria, pero aún no ha llegado. Más allá de eso, la resolución está y deberán hacer los controles.
Cortez advirtió que el presidente Fernández se ha basado en la ley de Abastecimiento, que “es una ley bastante antigua y que estuvo pensada para otra situación de Argentina, diría que es una ley para utilizar en momentos de extrema dificultad”. “El Decreto 287/20 del presidente Fernández incluyó en el control a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, que a partir de ese decreto están alcanzados por la ley de Abastecimiento todos los comercios. Esa era nuestra primera preocupación, porque no podemos igualar a las grandes superficies con los pequeños negocios en general, porque indudablemente no están en igualdad de condiciones, ni para el abastecimiento ni para los precios que pueden conseguir de los fabricantes”, advirtió. Es que obviamente no es lo mismo la realidad de un pequeño almacén de Villa Atuel que la de una cadena de supermercados en el Gran Buenos Aires. “Si van los inspectores a controlar, primero tienen que encontrar alguno de los 1.247 productos que corresponden a Mendoza y que lo tengan a la venta, y seguramente el precio va a estar por encima, entonces ese tipo de situaciones hay que contemplarlas, porque acá parece que todas las medidas las tomamos en función del conurbano de Buenos Aires, que tiene muchas diferencias con el resto de Argentina”, expresó, y adelantó que “lo que va a terminar pasando es que los controles se van a circunscribir a las grandes superficies y, tal como ocurrió con la anterior resolución 100, los supermercados en su amplia mayoría, diría que casi el 100%, acatan estas resoluciones y las cumplen, lo que va a significar que va a haber una gran cantidad de funcionarios públicos desplegados para verificar que están cumpliendo, distrayéndose de otras funciones que en el caso de Mendoza son mucho más importantes”. Recordó que en una medida anterior que incluyó 267 productos, un supermercado local le demandaba al inspector alrededor de cuatro horas y media para hacer la verificación, lo que hace suponer que con 1. 247 llevará al menos el triple.
