El caso que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entra esta semana en una instancia clave: este miércoles vence el plazo de 15 días que la fiscalía le otorgó al exfuncionario para que presente una justificación sobre distintos aspectos de su evolución patrimonial.
Según pudo saber TN, el exjefe de Gabinete pidió la suspensión del requerimiento, con el argumento de que todavía existen elementos de la causa a los que no tuvo acceso.
La posibilidad de postergar la presentación apunta a ganar tiempo antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego del análisis patrimonial y financiero realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
En paralelo, a través de su abogado, Matías Ledesma, Adorni pidió acceder al teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario en el country Indio Cuá. El pedido está limitado al contenido relacionado con las obras realizadas en ese inmueble y con la relación que mantenían Adorni y Tabar.
El juez Ariel Lijo todavía no respondió ese planteo que le permitiría a la defensa contar con más elementos antes de responder el requerimiento.
De cualquier forma, según pudo saber TN, la defensa de Adorni solicitó que se suspenda el requerimiento de justificación patrimonial hasta contar con acceso a esos elementos.
En la fiscalía consideran que uno de los puntos centrales de la presentación será determinar si Adorni puede aportar documentación que permita respaldar el origen de los US$ 200.000 que, según afirmó, había invertido en bitcoin. La operatoria con criptoactivos constituye uno de los aspectos incluidos expresamente en el requerimiento fiscal.
Las inconsistencias de la evolución patrimonial de Adorni
El pedido de explicaciones fue elaborado después de que la DAFI analizara de manera conjunta y pormenorizada la información reunida en el expediente. Ese trabajo incluyó el cotejo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales, tanto públicas como reservadas, sus rectificaciones y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la investigación.
Según consta en el documento judicial, ese análisis permitió detectar “inconsistencias” en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. El informe no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance, pero sí identificó incrementos, compras y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encontraban hasta ese momento una explicación suficiente.
La investigación busca reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para eso, la DAFI analizó la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas, además de las entradas y salidas de dinero.
También se revisaron gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o en moneda extranjera, cancelaciones de pasivos, transferencias entre cuentas y operaciones que no representaran nuevas fuentes de fondos. El objetivo fue evitar duplicaciones y determinar qué movimientos implicaban efectivamente ingresos o aplicaciones de dinero.
El requerimiento de Pollicita abarca una amplia variedad de operaciones. Entre ellas, la fiscalía pidió que Adorni explique el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y que acredite la existencia, fecha, entrega y aplicación de fondos de dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.
También deberá justificar el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep y para comprar el lote 380 del country Indio Cuá, además de explicar el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad.
Uno de los puntos específicos está relacionado con los US$ 245.000 abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda. Adorni deberá individualizar el origen de cada suma y aportar recibos y documentación respaldatoria. También deberá explicar los fondos utilizados para pagarle a Tabar los muebles del departamento de Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.
El requerimiento incluye además preguntas sobre la compra y las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, los fondos utilizados para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, y la utilización de terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar.
La fiscalía también pidió detalles de la operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que Adorni afirma haber iniciado su inversión en bitcoin.
Otro bloque de preguntas apunta a conciliar los gastos y movimientos financieros registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar. También deberá explicar una serie de comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de seis millones de pesos, cuyo pago no pudo ser conciliado con los movimientos financieros analizados.
El requerimiento alcanza además eventuales cancelaciones de deudas bancarias, honorarios notariales vinculados con operaciones inmobiliarias, consumos realizados por personas del entorno como usuarios adicionales de tarjetas, una facturación de más de cuatro millones de pesos emitida por una concesionaria a nombre de Angeletti y acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni.
Finalmente, la fiscalía pidió precisiones sobre el criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas en Miró 550 y en el lote de Indio Cua, así como sobre el origen de los fondos destinados a esas obras.
Fuente: TN
